El pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy una resolución en la que pide que el Estado asuma la tutela de los inmigrantes menores llegados de forma irregular, mientras que la guarda correspondería a las comunidades autónomas donde sean acogidos.

Esta resolución se aprobó con los votos a favor de CC y PP y la oposición del PSOE, tras el debate de una comunicación del Gobierno regional, cuya consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, señaló que las islas no pueden asumir en solitario la tutela de los miles de menores inmigrantes que llegan a sus costas.

El cambio legal sobre la tutela de los menores inmigrantes, según el acuerdo parlamentario, debe producirse con motivo del debate en las Cortes de la modificación de la Ley de Extranjería.

También se aprobó con los mismos votos instar a la creación de un órgano público de coordinación del Estado con todas las comunidades autónomas para la distribución territorial de los menores inmigrantes en el caso de que una comunidad autónoma concreta se vea desbordada por su llegada.

El diputado del grupo socialista Francisco Hernández Spínola admitió que la llegada de menores en patera desde las costas africanas es un problema de Estado en el que debe implicarse el Gobierno central, las demás comunidades e incluso la Unión Europea.

Pero consideró precipitado reclamar un cambio en la tutela de los menores con motivo de la modificación de la Ley de Extranjería, y defendió en cambio que “se estudien y promuevan, en su caso, las modificaciones legislativas necesarias”.

Así lo plantearon los socialistas en una propuesta de resolución que también resultó aprobada, ya que CC y PP decidieron abstenerse al entender que era ambigua y no concretaba nada.

La consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, consideró que la legislación vigente sobre los niños en desamparo, cuya tutela corresponde a las comunidades autónomas, se hizo antes de que apareciera el fenómeno de las pateras.

Los menores que llegan en patera no pueden ser considerados residentes en Canarias que han quedado desamparados, y por tanto es el Estado el que tiene que asumir su tutela y su distribución entre todas las comunidades, porque las islas solas no pueden, dijo.

Desde 1994 han llegado a las islas 6.000 niños entre las 90.000 personas llegadas en pateras o cayucos “y ya es hora, después de catorce años, de regular esta situación”, dijo.

Los menores llegados de esta forma a España deben tener un estatuto jurídico acorde a su situación, única manera de garantizar su acogimiento e integración, argumentó.

Canarias no tiene la culpa de ser “la grieta” que se ha dejado abierta tras el “blindaje” del Mediterráneo y de Ceuta y Melilla, y por tanto el Estado tiene que asumir su responsabilidad y corregir “la laguna legal” en la que viven los menores africanos y que impide su integración, agregó.

Recordó que, como establece la ONU, la descentralización del poder en un Estado no reduce la responsabilidad directa de su Gobierno con todos los niños que están en su jurisdicción.

Subrayó que con esta propuesta, “el Gobierno de Canarias ni está devolviendo ni va a devolver ninguna competencia sobre niños”.

Francisco Hernández Spínola, diputado del PSOE, se congratuló de que el Gobierno de Canarias haya dejado de usar la inmigración como arma de confrontación con el Ejecutivo central y admitió que la situación de estos niños “es una cuestión de Estado” ante la que hay que ofrecer soluciones.

Señaló que la especial situación de los menores inmigrantes llegados de forma clandestina no está prevista en la legislación y hay que regularlo, pero se mostró partidario de que antes se estudien “a fondo” todos los cambios precisos, no sólo en la Ley de Extranjería.

“Los menores extranjeros no tienen que ser una responsabilidad exclusiva de Canarias, es ineludible la participación del Estado y de las demás comunidades autónomas”, así como de la Unión Europea, dijo.

“Hay que estudiarlo a fondo y si ha lugar se promoverán las modificaciones en las Cortes”, aseguró.

José Miguel González, diputado de CC, dijo que “no se pueden utilizar coartadas legislativas” para que el Estado eluda sus responsabilidades.

“No se trata de devolver la competencia en tutela de menores en situación de desamparo, sino que las normas jurídicas se acomoden a una realidad nueva”, argumentó.

Carlos Ester, diputado del PP, dijo que los menores inmigrantes deben tener una regulación jurídica propia, porque no son niños con residencia en Canarias, sino que son rescatados en alta mar y desembarcados en las islas.

“Pretendemos asegurar un buen futuro de esos menores, es lo mejor para los niños y por tanto hay que olvidarse de colores políticos”, explicó.