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La consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, en una visita a un centro de menores extranjeros

ÁLEX HERRERA

SANTA CRUZ. Canarias ha dicho basta. Catorce años después desde que llegara la primera patera a las Islas, allá por agosto de 1994, más de 100.000 inmigrantes han desembarcado en el Archipiélago a bordo de pateras y cayucos. Entre ellos, más de seis mil menores «sin papeles».

Esta situación de saturación ha colmado la paciencia del Gobierno canario, que ayer, a través de una comunicación oficial aprobada por el Parlamento regional, reclamó al Estado que asuma la tutela de los niños «sin papeles» que llegan a las Islas en embarcaciones clandestinas.

En el texto acordado por el Parlamento de Canarias se requiere al Estado que introduzca una enmienda al proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, en la que se establezca con carácter general, que la tutela de los menores extranjeros no acompañados sea asumida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y su guarda y custodia corresponda a las Comunidades Autónomas donde residen.

En estos momentos, los centros de menores extranjeros que existen en Canarias acogen a cerca de 1.500 niños llegados desde África. Unos datos que triplican la capacidad actual de estas instalaciones y que los dejan en una situación de saturación y emergencia.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, la nacionalista Inés Rojas, criticó que la política migratoria de España «tiene una grieta, y esa grieta es Canarias».

«El Archipiélago no tiene la culpa de ser la grieta del blindaje europeo a la inmigración y de las políticas migratorias de la Unión Europea», reiteró la consejera de CC, por eso, exigió al Estado que «asuma la tutela de los menores extranjeros no acompañados y los distribuya para su guarda y custodia, entre las comunidades autónomas para procurar su plena integración en la sociedad española».

Canarias es en la actualidad la quinta Comunidad Autónoma con mayor número de extranjeros, hasta el punto de que el 14 por ciento de la población residente en el Archipiélago es extranjera. Para Inés Rojas el proyecto de reforma de la ley de Extranjería no aborda un estatuto jurídico del menor inmigrante, donde la actual normativa española «no diferencia entre los niños en desamparo por malos tratos, abusos drogas, etcétera. de los inmigrantes que no tienen residencia en Canarias». Ante esto, la consejera nacionalista aseveró que el Gobierno central ha de ser «corresponsable en este tema con el autonómico, pues la inmigración clandestina debe ser una cuestión de Estado».