El pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer una resolución en la que pide que el Estado asuma la tutela de los inmigrantes menores llegados de forma irregular, mientras que la guarda correspondería a las comunidades autónomas donde sean acogidos. Esta resolución se aprobó con los votos a favor de CC y PP y la oposición del PSOE, tras el debate de una comunicación del Gobierno regional, cuya consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, señaló que las islas no pueden asumir en solitario la tutela de los miles de menores inmigrantes que llegan a sus costas.

También se aprobó instar a la creación de un órgano público de coordinación del Estado con todas las comunidades autónomas para la distribución territorial de los menores inmigrantes en el caso de que una comunidad se vea desbordada por su llegada.