Coalición Canaria y el Partido Popular utilizaron ayer su mayoría en el Parlamento canario y aprobaron, con el voto en contra del Partido Socialista Canario, una propuesta por la que piden al Gobierno central que asuma “su obligación” de tutelar a los niños que llegan al archipiélago en cayucos y pateras, pese a que la competencia sobre menores en desamparo es atribuida a la Comunidad Autónoma por el propio Estatuto de Canarias.

La consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, declaró: “Los menores inmigrantes no son niños en desamparo, tienen a sus familias y han venido por sus medios. No estamos renunciando a ninguna competencia, sólo exigiendo corresponsabilidad al Estado”.

Sin embargo, el diputado Francisco Hernández Spínola, del grupo socialista, replicó que “Canarias no puede abdicar de una competencia fijada en al menos cinco textos legales mediante una enmienda” a la Ley de Extranjería, como pretenden CC y PP.