La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ofreció ayer a las comunidades autónomas una aportación mínima de 200.000 euros para que refuercen los programas de asistencia dirigidos a mujeres inmigrantes y niños víctimas de la violencia de género. La partida se ampliará en función de la población de extranjeras y menores de edad que tenga cada una de las regiones, según explicó en rueda de prensa.

Este es uno de los compromisos alcanzados ayer durante la II Conferencia Sectorial de la Mujer, rebautizada como Conferencia Sectorial de Igualdad, un encuentro entre las autonomías y el Gobierno que giró en torno a tres ejes: el fondo asistencial para las extranjeras y los menores; el análisis del futuro dispositivo electrónico de localización para maltratadores y los criterios sobre los programas de reeducación para los mismos.

Sobre el primer apartado, que finalmente se aprobó con 9 abstenciones, 8 votos a favor y 2 en contra, Igualdad y las comunidades autónomas acordaron la creación de un fondo asistencial de cinco millones de euros para la asistencia social integral de los “colectivos más vulnerables” ante la violencia de género, según Aído, los menores y las mujeres inmigrantes.

Esta iniciativa se adopta en el marco de la aprobación, el pasado 9 de enero, de un Plan Integral para la protección de mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género que cuenta con una memoria económica de 13 millones de euros y la participación de distintos ministerios.

En cuanto a los dispositivos electrónicos de localización de maltratadores, Aído afirmó que “ya se han iniciado los trámites administrativos para la contratación de este servicio” y “se está elaborando un plan de trabajo” con los ministerios de Justicia e Interior para establecer un protocolo de implantación, a fin de que “en el mes de abril” puedan estar “accesibles en todo el territorio”.

Según explicó, el Gobierno destinará cinco millones de euros para la adquisición e implantación de estos sistemas que “se dispondrán en los casos de mayor riesgo, siempre como un elemento complementario a las medidas de protección existentes y se garantizarán en todo el territorio”. Será el juez quien decida a qué agresor se impone un localizador.

Reivindicaciones canarias

Canarias también pidió explicaciones sobre su mantenimiento y sus garantías operativas. El Archipiélago, representado por la directora del Instituto Canario de la Mujer (ICM), Isabel de Luis, solicitó que los fondos para la reeducación de agresores sean gestionados directamente por las unidades de coordinación de violencia machista de las subdelegaciones, o en su defecto se transfieran a las consejerías y direcciones generales con competencias en justicia y seguridad.

A finales del año pasado, el Gobierno canario pidió el cumplimiento íntegro de las penas y que los programas de reinserción o tratamiento voluntario de los agresores no se ligaran a los beneficios penitenciarios.

Reeducación

Por otra parte, la ministra trasladó su intención de abordar con los responsables autonómicos la “importante dispersión” que, según dijo, existe en la aplicación de los programas de reeducación para maltratadores por los que deberían pasar todos aquellos condenados por delitos de violencia de género que no ingresaran en prisión conforme a la Ley Integral.

La intención del ministerio es “crear un grupo de trabajo compuesto por especialistas en la materia para establecer esos criterios comunes y homologados de calidad”, según explicó la ministra. Dichos criterios serán puestos a disposición de las autonomías e “incluso les plantearemos la posibilidad de cofinanciar estos programas”, añadió.

Estos programas de reeducación deberán perseguir un doble objetivo, ya que, en palabras de Aído, se trata, "por un lado, de intentar modificar las referencias culturales que llevan al maltratador a entender que la violencia de género es una forma adecuada para afrontar los problemas de pareja y por otro, hacer un seguimiento directo de la evolución del riesgo.