Las investigaciones que este martes desembocaron en la redada comenzaron en el año 2005. Según mandos de la lucha antiterrorista, en principio, y a la espera de que se produzcan los interrogatorios y de analizar la documentación intervenida, a los arrestados se les vincula con una trama financiera de defraudación del IVA en varias empresas de servicios de telecomunicaciones.

En muchos casos, los supuestos beneficios de esos fraudes fueron enviados a Pakistán y ahora la Guardia Civil investiga si el destino final de ese dinero fueron grupos cercanos a Al Qaeda.

Vínculos “yihadistas”

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, insistió en que la imputación inicial es la de fraude fiscal, aunque matizó que no se descarta que de la investigación se pueda inferir “algo más” en referencia a sus supuestos vínculos con redes yihadistas.

Los seis sospechosos fueron detenidos mientras mantenían una reunión en un piso del barcelonés barrio de El Raval, si bien la mayoría vivía en localidades de la periferia de la ciudad como Santa Coloma de Gramanet, Esplugues de Llobregat, Badalona y Hospitalet de Llobregat.

Los funcionarios llevaron a cabo, además, diez registros: cuatro en Barcelona (tres empresas de telecomunicaciones y un domicilio), dos en Valencia (una empresa y una vivienda), otros dos en Las Palmas (en un local y en una vivienda) y dos en Logroño (un locutorio en el barrio Madre de Dios y un domicilio particular).

Durante los allanamientos, los agentes se incautaron de abundante material informático, documentación en papel sobre transferencias y una caja fuerte.