valladolid – El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, cerró con éxito la cumbre que ha reunido en Valladolid a los responsables de Bienestar Social de las diecisiete comunidades autónomas, y que ha derivado en un acuerdo que enriquece la propuesta de dictamen que la Comunidad – en calidad de responsable de la Delegación Española – defenderá ante el Comité de las Regiones en octubre.
Herrera explicó que al documento inicial, que constaba de 18 puntos, se han añadido cuatro, con el objetivo de atajar este problema «social y público, no privado» que, dijo, supone una «coacción arbitraria de la libertad».
Recordó el presidente que la propuesta, relativa a las actuaciones prioritarias de los entes locales y regionales para prevenir la violencia hacia las mujeres y para mejorar la atención de las víctimas, cuenta «con el respaldo interno de la sociedad de Castilla y León» – fue apoyada por los grupos parlamentarios – y «también ahora con el de las comunidades autónomas y la Federación de Municipio y Provincias».
El objetivo es claro: alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres y fomentar una cultura de «tolerancia cero».
Bajo epígrafes referidos a la sensibilización, la prevención, la asistencia a víctimas y integración, el dictamen incide en la importancia de la educación y la necesidad de disponer de estadísticas exactas para determinar las estimaciones sobre el coste de este problema, que afecta a personas de todas las clases y nacionalidades, representa para las administraciones.
En esta línea, una de las recomendaciones que se defenderá en el Comité de las Regiones se centra en la elaboración de estudios homogéneos que aporten datos por sexo, edad y condición social para fijar pautas de acción.
El texto recomienda igualmente la atención de «mujeres especialmente vulnerables», refiriéndose a inmigrantes y a quienes residen en entornos de desprotección social, como el medio rural y el urbano deprimido.
La enseñanza, clave
Otras aportaciones se refieren a la educación como agente socializador y a la realización de acciones que rechacen comportamientos agresivos y discriminatorios que atenten contra la dignidad.
Del mismo modo, se propone avanzar en la formación de profesionales de los ámbitos educativo, jurídico, sanitario, psicológico, de los servicios sociales y fuerzas y cuerpos de seguridad. Algo en lo que también tienen que ver las comunidades autónomas y los municipios, a los que se pide que garanticen el acceso de las maltratadas y a quienes de ellas dependen a recursos especializados. En este contexto, se pide a los estados miembros que cooperen, legislen y fortalezcan la prevención y que apliquen programas específicos para modificar la conducta de los agresores.