El Gobierno de España está trabajando en la modificación de la Ley de Extranjería, tal y como anunció el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, el 2 de octubre del pasado año, que podría ser aprobada en el primer trimestre de 2009, y Canarias no ha perdido la oportunidad de levantar la voz para que se recoja su reivindicación sobre los menores extranjeros no acompañados (menas) que llegan en los cayucos “y que sea una cuestión de Estado”.

Según la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Inés Rojas, “nos hemos empeñado en que el ministro europeo de Justicia e Interior, Jacques Barrot, conociera de primera mano la situación de los niños de los cayucos que viven en Canarias y ahora es nuestro aliado para lograr que el Gobierno central recoja esta cuestión en la modificación de la Ley de Extranjería”.

En su opinión, “Europa no reconocía los problemas de los niños de los cayucos, hasta que en la Cumbre Euro-Africana de París, gracias a España, se incluyó la acogida y reagrupación de los menas”.

Rojas destacó a este periódico que España no tendrá más remedio que recoger su demanda, a la que también se sumará Andalucía, “lo que significa que Canarias es la pionera de la modificación de la ley”. La consejera canaria hizo hincapié en que nadie se había dado cuenta de que los menas eran acogidos en España de acuerdo a la Ley del Menor, “donde se precisa que la comunidad autónoma es responsable de los niños desamparados en sus calles, cuando a los africanos los recoge el Estado (Salvamento Marítimo) en el mar y los acerca a la costa más cercana”.

Esta diferencia es la que ha provocado que desde Canarias se inste al Estado a que todo lo relativo a los niños de los cayucos no se deje en manos de Canarias, sino que entre a formar parte de la responsabilidad del Gobierno central, para que sea el Estado el que defina, por ejemplo, el traslado de los menores de edad a cualquier comunidad, sin que tenga que ser Canarias la que lleve la voz cantante a la hora de distribuirlos.

Otro de los problemas sin resolver por la ley y que genera preocupación en el Gobierno canario es la situación en la que quedan los niños cuando cumplen los 18 años. De momento, el Estado entrega un permiso de residencia a los niños para permanecer en España mientras son menores de edad, pero caduca el día en el que cumplen los 18 años.

La reagrupación familiar, la ampliación del tiempo de internamiento de los extranjeros tras llegar en cayuco hasta los 70 días o “la frase que entra de refilón sobre los menores de edad” son las principales modificaciones que incluirá España en la ley.