Los hechos violentos ocurridos el pasado sábado en un modesto campo de fútbol de Barcelona deberían dar vergüenza y propiciar acciones contundentes de la justicia, no solo la del ámbito deportivo. Ese día se produjo la brutal agresión por parte de varios jugadores de un equipo de la Tercera Territorial de Barcelona – – la categoría inferior de todas las que dependen de la Federació Catalana de Futbol – – a algunos de sus rivales, 10 de los cuales, incluido el entrenador y dos seguidores, resultaron heridos. La causa de la refriega no fue un calentón consecuencia de un incidente del juego, sino un ataque xenófobo por parte de los jugadores del Bada Bing a los del Atlético Rosario Central de Catalunya, por ser estos inmigrantes de distintas procedencias.
El Bada Bing, equipo que se nutre, según algunas informaciones, de jugadores próximos a grupos de seguidores ultras del Barça, tiene antecedentes por conductas violentas. Sus rivales lo sabían y pidieron a la Federació Catalana de Futbol presencia policial antes de disputarse el partido. Pero en las oficinas de la federación, por razones insuficientemente explicadas, no se informó a los Mossos d’Esquadra. El caso es que cuando se desató la violencia, los agresores pudieron actuar a sus anchas. Urge, por tanto, abrir una detallada investigación sobre la actuación de la federación y de la policía autonómica en este suceso.
Cuatro de los jugadores del Bada Bing – – que toma su nombre de un bar de la serie televisiva Los Soprano – – han sido, cautelarmente, expulsados de por vida, y el equipo, dado de baja del campeonato. Un castigo ejemplar en lo deportivo. Pero en este caso es exigible, además, la vía de los tribunales ordinarios. Ayer, cinco días después de los hechos, hubo las primeras detenciones. No es un gran récord. Sobre todo si se tiene en cuenta la creciente alarma social por los hechos, que han desencadenado la protesta oficial de las embajadas de Argentina y Uruguay y que alcanzaron su punto máximo cuando se supo, el miércoles, que uno de los agresores fue condenado en firme por el asesinato de un joven en la Vila Olímpica en el año 2000, cuando era menor de edad. Tal antecedente no debe privar a los detenidos de un juicio justo, pero sería lamentable que la fechoría del sábado no fuera juzgada, y en su caso castigada, por los tribunales de justicia como corresponde a un delito tan grave como la agresión con agravante de comportamiento xenófobo.