El Colegio de Abogados de Valencia (Icav) ha acusado al Gobierno de aplicar de forma “abusiva e incoherente” la ley en lo que atañe a personas inmigrantes y de “vulnerar bastantes derechos fundamentales de dichos extranjeros”.

Según destacan los profesionales de la abogacía, la forma de actuar de la Subdelegación del Gobierno en la Comunitat demuestra “una voluntad de contener los flujos migratorios”.

Ante estas circunstancias y por la falta de respuesta al interés de los letrados por elaborar un protocolo de actuaciones, el Colegio de Abogados ha solicitado al Defensor del Pueblo que actúe contra la Subdelegación del Gobierno en la Comunitat.

Francisco Real, decano de los abogados de Valencia, recordó que desde el año 2000 se está intentando establecer un protocolo de actuación jurídicamente vinculante para mejorar la gestión de los expedientes de ciudadanos extranjeros sin que se haya conseguido. Recordó que se han celebrado numerosas reuniones con ese objetivo.

En opinión de la Sección de Extranjería del Icav, la tramitación de los expedientes de extranjeros “se está desarrollando mediante una aplicación abusiva e incoherente de la ley”.

El perjuicio que de ello se deriva para las personas que están pendientes de resolución es el “retraso” en las respuestas y, por tanto, en el ejercicio de los derechos que les puedan corresponder, tal como explicó el decano de los abogados de Valencia.

Una de las cuestiones que también reivindican ante el Defensor del Pueblo es la “modificación de un total de 21 supuestos de actuación de la Administración” al considerar que esos modos de proceder son “impresentables e intolerables”. Estos puntos responden a situaciones muy diversas planteadas por los inmigrantes, destacó Real.

El listado de todos los supuestos observados se remitió a la Subdelegación del Gobierno a principios del año pasado y se obtuvo una respuesta “evasiva y una contrapuesta que claramente desnaturalizaba el planteamiento inicial vaciándolo de contenido”.

Real añadió a todas estas cuestiones que en la Comunitat se está dando un “trato desigual a los extranjeros dependiendo de la provincia de la Comunitat en la que se tramiten sus expedientes”.

Respecto a este punto, el decano de los abogados insistió en que no se puede olvidar que la “legislación es única”.

Según el Icav, esta disparidad de criterios que denuncian es uno de los puntos principales de la queja formulada al Defensor del Pueblo porque ese “trato desigual” comporta una “merma de derechos” a los extranjeros.


Flujos migratorios

Ante la situación que denuncian, consideran que por parte de la Subdelegación del Gobierno se “revela una voluntad de contener a ultranza los flujos migratorios, aunque éstos sigan los cauces legales, algo que contradice las declaraciones de los responsables ministeriales y el teórico empeño de evitar situaciones de ilegalidad que favorezcan abusos sobre las personas”.

Los abogados lamentan recurrir al Defensor del Pueblo porque supone “evidenciar la desidia de la Administración en la búsqueda de soluciones, pero la necesidad y la urgencia de introducir cambios en la gestión de estos procesos justifica la decisión drástica”.

Por otra parte, el Icav resalta la “dedicación y profesionalidad” de los funcionarios de la Oficina de Extranjeros de Valencia, así como los “esfuerzos de sus directos responsables, especialmente con los escasos medios con los que cuentan”.

No obstante, critican que existe un “parco apoyo por parte de la Subdelegación de Valencia y, por extensión, de la Delegación del Gobierno”.