Las cifras sobre violencia de género registradas en 2008 arrojan un balance desolador. En total, 70 mujeres fueron asesinadas. Una cifra que podría verse incrementada, ya que otros siete casos están siendo investigados. Ayer, el Consejo de ministros dio luz verde a un plan para prevenir este tipo de violencia entre la población inmigrante, como forma de dar respuesta al aumento del número de muertes que se han producido en este colectivo en los últimos años. Esta iniciativa constituye el último intento por frenar una lacra ante la que el Gobierno parece indudablemente desbordado. Esta sensación de impotencia es la consecuencia más evidente del erróneo enfoque con el que el Ejecutivo quiso afrontar el problema. La situación de colapso en la que se encuentran, según el CGPJ, la totalidad de los juzgados, especialmente los ubicados en las ciudades, que fueron creados para agilizar las denuncias presentadas por las mujeres que sufren malos tratos, es la prueba irrefutable del fracaso del Gobierno. Según los datos del Consejo, el volumen de procedimientos registrados en los tres primeros trimestres del año superó las cifras previstas para todo 2008. La falta de especialización de los magistrados y la escasez de medios que sufren estos módulos son otros dos problemas que frustran el sacrificado y profesional trabajo de jueces y funcionarios en auxilio de las víctimas.