Lo que se preveía un feliz regreso a Valencia para pasar la última noche de 2008 en familia y recibir felices el año nuevo, se tornó en unas horas de angustia para Vicente y Laura en el aeropuerto de Barajas. Un vértigo que se prolonga hasta el día de hoy. La joven y su hijo, de cinco años, fueron enviados de vuelta a Argentina por un policía por la situación irregular de la mujer en nuestro país. El agente actuó sin esperar un auto judicial que, 10 minutos después de despegar el avión con la madre y su pequeño en el interior, anuló cautelarmente la orden de expulsión.

Y es que, Vicente y Laura se encuentran empadronados en Pinedo, su hijo está escolarizado en Valencia, todos ellos tienen la consiguiente tarjeta sanitaria “y en diciembre nos casamos en Argentina para evitarnos mayores problemas en el viaje”, explicó a LAS PROVINCIAS Vicente Emilio Vela, el valenciano de 40 años. Es decir, que existe “arraigo constatado”, como subraya el auto judicial, una circunstancia que impide la expulsión de una persona pese a que su residencia o nacionalidad no esté regularizada.

La epopeya de la familia comenzó el 12 de diciembre. Fue entonces cuando Vicente y Laura Verónica – de 23 años – , que se conocen desde 2002, viajaron hasta Córdoba (Argentina). “Su mamá se hallaba hospitalizada por una enfermedad en los pulmones”. El valenciano apuntaba así lo que la justicia ha dictaminado como una “causa justificada” para salir de España pese a no tener todos los papeles en regla.

Su estancia en Argentina terminó el pasado 31 de diciembre. “Ni en el aeropuerto de Córdoba ni en el de Buenos Aires, en el que hicimos escala, tuvimos ningún problema”. La angustiosa situación llegó al aterrizar en Barajas. El policía nacional encargado del control fronterizo aseguró que Laura y Franco – el pequeño de cinco años – “habían estado todo este tiempo de manera ilegal en España”. Madre e hijo acabaron en la sala de no admitidos del aeropuerto madrileño. Ocho horas metidos entre esas cuatro paredes.

El caso llegó a manos de Claudia Fernández, abogada del turno de oficio existente en Barajas. La letrado trató de convencer al agente de la irregularidad de su conducta. “Le dijo que no podía expulsar así como así a un menor”, recordó Vicente. De nada sirvió tampoco que el valenciano mostrara al policía el certificado de empadronamiento, el libro de familia y documentos de escolarización de su hijo que Vicente llevaba consigo. No dio su brazo a torcer y fijó para 10 minutos después de las 10 de la noche del 31 de diciembre la hora en la que su mujer y su pequeño regresarían a Argentina en otro vuelo.

La abogada acudió rauda al juzgado de guardia de Madrid para pedir la suspensión cautelar de la expulsión de Laura y Franco. Y, de hecho, el juez ordenó el “envío de un oficio urgente” a la Policía Nacional para paralizar la orden.

Demasiado tarde. Sin siquiera esperar a recibir la resolución judicial, Laura y Franco fueron repatriados a las 21.30 horas en un avión diferente del inicialmente previsto. La orden del juzgado de guardia llegó a Barajas 10 minutos después.

“Hemos pasado muchos instantes al borde de un ataque de nervios”, reconoce Vicente. Y es que, para añadir más dificultades a la situación, su mujer y su hijo viajaban sin dinero encima. El valenciano lo llevaba todo. Y la expulsión de Interior fue sólo hasta Buenos Aires, a 800 kilómetros de Córdoba, donde se encuentra la casa materna de Laura.


Echar mano de la caridad

La madre y su hijo tuvieron que echar mano de la caridad. Una pareja de ancianos que volaba con ellos les dio dinero para desplazarse hasta otro aeropuerto y la madre de la joven les sufragó un billete de avión hasta Córdoba. “Ahora está más tranquila”, aseguró Vicente, instantes después de hablar con ella.

El valenciano tiene ya en su poder una segunda resolución de un juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid que ordena a la Administración que se encargue del inmediato regreso de Laura y el pequeño. Si el auto no es recurrido por la Fiscalía o por el abogado del Estado, la familia podría reencontrarse en poco más de 15 días.

En ese sentido, Vicente también respira ya tranquilo. Pero su voz se acelera cuando habla de “emprender medidas legales” contra el encargado del puesto fronterizo que aplicó la medida de expulsión. “No puede ser que una sola persona en España sea capaz de meter en un avión a una mujer y a su niño de cinco años y mandarlos a 10.000 kilómetros de distancia. Es una amenaza para toda la población”.

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