La violencia de género se ha incrementado tanto entre las mujeres inmigrantes – en 2004 un 22,9% de las víctimas eran extranjeras y en 2008 fueron el 44,3% – que el Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto para prevenir estas conductas entre esa población que durará desde 2009 hasta 2012.

El plan prevé que se atenderá especialmente la posibilidad de que las mujeres que sufran violencia por parte de sus parejas puedan obtener permiso para trabajar en España.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó ayer, tras el Consejo de Ministros, que se trata de «crear las condiciones adecuadas para la prevención de esa violencia y la atención a las víctimas desde una perspectiva global».

El Ejecutivo socialista es consciente de que estas mujeres tienen mayor dependencia de su agresor que las españolas, debido a que en general tienen menos apoyo social y familiar, lo que les origina «una mayor inseguridad a la hora de romper con la violencia».

Para afrontar esa situación, el plan incluirá campañas de información – con folletos editados en siete idiomas – , formación para las mujeres y los profesionales encargados de atenderlas, sensibilización social, atención e integración.

«Estoy convencida de que vamos a dar un paso importante en la erradicación de esta violencia», afirmó la vicepresidenta primera, del Gobierno.