Los docentes piden a la Generalitat «un plus de peligrosidad» y una mayor especialización Los centros escolares se preparan para imprevistos como incendios, inclemencias del tiempo o, más recientemente, casos de bullying. En el CEIP de Vila – Roja, en Girona, cuentan además con un protocolo muy peculiar: anti – redadas policiales.

Todo el profesorado del centro debe saber exactamente qué hacer con los niños en cuyas familias ha habido detenidos, y con el resto del alumnado que comparte con ellos las aulas. Con un tratamiento personalizado, los maestros acompañan a los niños en el difícil trance al que se enfrentan, al quedar bajo la custodia de familiares o vecinos. Y es que en las redadas periódicas que los cuerpos policiales hacen en este barrio, principalmente por temas de drogas, muchas veces quedan detenidos los dos miembros de la pareja. Los profesores deben intervenir a manera de mediadores, pero con una estrategia lo menos invasiva posible, para no generar rechazo.

El director, Cristóbal Sánchez – que hace 37 años que ejerce en esta escuela y 22 que es su director – , reconoce que su alumnado procede, en gran mayoría, de familias desestructuradas, con importantes problemas económicos y, en algunos casos, de drogas, y que los conflictos en las aulas suelen ser de niveles más elevados que en otros centros; desde xenofobia a entrar navajas o amenazar a los profesores. Pero el director dice que, pudiendo escoger, no cambiaría la docencia en este colegio «por nada del mundo».Además, recuerda que de aquí han salido abogados y maestros.

Son conflictos como, por ejemplo, una pelea puntual de origen xenófobo en el que un escolar le dijo a otro «yo con este moro no me hablo». Inmediatamente se puso en marcha la mediación de la tutora y del jefe de estudios y el tema quedó zanjado. Otros conflictos con los que también batallan habitualmente es con la entrada de alguna navaja en la escuela, que, aunque nunca se hayan usado, a la que se detectan se decomisan, como ha pasado recientemente.

Otro caso reciente que ha afrontado el profesorado es el de un escolar que agredió a una profesora. Concretamente, la mordió.En este caso, la agresión comportó la apertura de un expediente disciplinario al menor y, como en otros casos, se hizo lo que denominan un «pacto de confianza» con su madre. En este barrio, los padres creen mucho las versiones que dan sus hijos y pocas veces preguntan antes de presentarse enfadados y alterados en la escuela. Con la firma del pacto, el progenitor se compromete a en otra ocasión, antes de dar por buena la versión del hijo, consultara lo sucedido con el profesorado. Las amenazas de menores a profesores también están a la orden del día.

Todo ello hace que el director, como también piensa la edil de Educación, Núria Terés, asegure que el profesorado de este tipo de centros debería recibir una formación específica «porque es una labor diferente, aquí eres maestro, psicólogo, mediador, asistente social e incluso de gestor». El profesorado necesita unas tablas, una vocación y una formación concreta que en la actualidad no se aprende en la universidad. La concejal considera, además, que el departamento de Educación debería contratar personas para estos centros que trabajaran por objetivos, con un contracto específico mínimo de tres años, ya que la movilidad es muy grande y esto hace más difícil tirar adelante los proyectos. En este sentido, Cristóbal Sánchez considera que es difícil encontrar una estabilidad «porque la gente no quiere venir». Por eso considera que si las cosas no se hacen por vocación, «quizás debería incentivarse a la gente con lo que debería llamarse un Plus de Peligrosidad, que podría ser tanto económico como académico».