La población se ha convertido en la referencia básica para el nuevo plan de financiación de las Comunidades Autónomas. La razón estriba en el fuerte (e inesperado) crecimiento demográfico ocurrido desde que se estableció el sistema anterior, hace ahora 8 años.

Ha sido un crecimiento en el que jugó un papel estelar la intensa inmigración recibida que se ha concentrado en ciertos territorios. Unos espacios que, si bien se han visto beneficiados por esa presencia de marcado carácter laboral, han debido hacer frente al crecimiento de servicios demandados por esa población. No es de extrañar que Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía o Baleares justifiquen el uso del criterio «población», como correa de trasmisión básica del reparto. Necesitan más dinero para la educación y la sanidad, particularmente de los nuevos usuarios extranjeros. Por ello, la sanidad y la educación son dos de los ámbitos primados por el Gobierno para gastar la financiación renovada.

Pero el reparto en función de un criterio demográfico cuantitativo sería injusto. Es preciso tener en cuenta que la población no es igual en todas partes; es, por el contrario, diversa en su distribución territorial y sobre todo en su estructura por edades. No resulta extraño tampoco que regiones que han crecido menos o casi nada reivindiquen la dispersión de su hábitat la baja densidad o la vejez de su censo como criterios complementarios del reparto. Así lo han dicho Castilla y León, Asturias, Galicia o Aragón, que por sus elevados índices de envejecimiento tienen altas tasas de dependencia, otra de las variables sociales primadas para la distribución.

Si los destinatarios finales de la financiación deben ser los ciudadanos, es lógico que la población prime los criterios del baremo. Está bien, siempre y cuando se tenga presente que la población española actual es mas diversa que nunca y que esa diversidad exige atenciones diferentes derivadas de la condición de las personas (inmigrantes), de su edad (jóvenes o viejos) o de su reparto territorial (dispersión). Solo así se hará una distribución justa que prime sobre la pertenencia a un determinado ámbito territorial.

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