V. V./M. A. R.

VALENCIA. El final de la moratoria decretada por la Unión Europea para empezar a aplicar los derechos laborales de los ciudadanos comunitarios a rumanos y búlgaros promete general difucaltades añadidas al mercado laboral de la Comunidad.

La Generalitat teme que, ante el final de la obligatoriedad de un permiso de trabajo para estos trabajadores del este de Europa, se pueda tensionar el mercado de trabajo, especialmente de la agricultura en la provincia de Valencia y de un buen número de sectores en la provincia de Castellón.

Los rumanos forman una de las colonias de extranjeros más amplias de la Comunidad, en especial en Castellón, donde cada vez es más importante su influencia social.

Sin embargo, el final de la moratoria para el acceso de rumanos y búlgaros al mercado de trabajo en igualdad de condiciones con los ciudadanos de la UE puede incrementar el «efecto llamada» en un momento en el que el retorno de ciudadanos extranjeros a sus países para la mala situación laborar está empezando a ser habitual.

Aun reconociendo la aportación de los rumanos y búlgaros a la economía y la sociedad valencianas, en la Administración autonómica lamentan que esta medida coincida con el recrudecimiento de la crisis económica y el incremento del número de parados en España.

El final del régimen laboral transitorio para los ciudadanos de Rumanía y Bulgaria entró en vigor este 1 de enero, en medio de una crisis económica que se está cebando especialmente en los puestos de trabajo menos cualificados, que son copados especialmente por los extranjeros.

El Consell permanecerá atento a posibles tensiones laborales y sociales en la Comunidad por este motivo, aunque fuentes de la Generalitat recuerdan que las competencias sobre el mercado laboral son estatales.

En todo caso, esgrimen la reivindicación valenciana, así como de otras regiones españolas, de que la gestión del mercado laboral sea transferida a las distintas Administraciones autonómicas.

En todo caso, la Generalitat seguirá promoviendo la contratación en origen de trabajadores inmigrantes con el objetivo de evitar posibles problemas por la llegada de remesas de inmigrantes sin empleo.

Más competencia en el campo

El presidente de la asociación agraria Asaja en Alicante, Eladio Aniorte, calificó ayer de «noticia positiva» el fin de la moratoria para el sector, pues permitirá regularizar la situación de los rumanos que actualmente trabajan en el campo.

No obstante, advirtió que a partir de ahora resultará más difícil para los trabajadores españoles o de otras nacionalidades incorporarse a estas labores, precisamente en un momento en que el desempleo se está disparando en sectores como la construcción.

Según las estadísticas oficiales, en Alicante residen 30.000 ciudadanos rumanos y casi 12.000 búlgaros, aunque la cifra real podría ser muy superior. «Hasta ahora había muchos problemas para regularizar a los trabajadores extranjeros», explicó Aniorte, «y más aún en el campo, porque tras conseguir los papeles muchos se van a trabajar a otros sectores». Una tendencia que comienza a invertirse debido al pinchazo de la construcción. «Ahora muchos españoles quieren volver a trabajar en el campo, pero lo tendrán más difícil», añadió.

El presidente de Asaja Alicante estimó que casi el 90% de la mano de obra por cuenta ajena en el sector agrario de Alicante son extranjeros.