Desde hace cuatro años, en la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación lleva a cabo anualmente una Prueba de conocimientos y destrezas indispensables , que en el presente año realizó allá por el mes de mayo a 57.000 escolares de 12 años que estudian en 1.208 colegios públicos, privados y concertados, y cuyo desenlace acaba de hacer público.

La prueba en sí misma no es neutral y tiene objetores y defensores abiertamente enfrentados. Y con el resultado de la prueba a la vista, como suele ocurrir, esta ha sido alabada por aquellos colegios que obtenían notas sobresalientes y una buena clasificación y devaluada por aquellos otros que aparecen mal clasificados. Pero en cualquier caso, no cabe duda que tiene elementos valiosos. En primer término permite conocer el mapa de una realidad que refleja un importante fracaso escolar: cuatro de cada diez alumnos de sexto de Primaria (12 años) suspendieron la prueba y obtuvieron el peor resultado desde que se empezó a examinar a los alumnos en el 2005. Y ese resultado global, por más que las autoridades académicas de la comunidad lo hayan achacado al aumento de estudiantes provenientes de otros países, lo que parece una verdad a medias, debería no solo preocupar sino también intentarse ponerle remedio. Y en esa reflexión no puede permanecer sin mencionar la evaluación no realizada al profesorado, al que también, como ocurre en tantas otras profesiones, sería conveniente auditar y en su caso individualizar lo que tiene de responsabilidad cada uno de los colectivos intervinientes.

Pero en segundo término, el resultado del estudio puede conducir a engaño al comparar los diversos centros sin más, sin introducir variable alguna. Por eso, y como no podía ser de otra forma, en lo alto de una hipotética escalera han alcanzado los peldaños más altos los colegios de los distritos del centro de Madrid y de la periferia con mayor nivel de renta. Y en la otra parte de la escalera, en los peldaños más bajos aparecen los colegios situados en distritos con unos índices numerosos de estudiantes provenientes de la inmigración y obviamente aquellos colegios ubicados en territorios con rentas bajas: Parla, Vicálvaro. Fuera de la escalera, sin poder agarrarse a un peldaño, aparecen aquellos centros que son verdaderos guetos compactos de gitanos y de inmigrantes, que ocupan los dos últimos puestos del ránking.

Nada nuevo bajo el sol. Hay quien nace con estrella y quien nace estrellado. Y a ambos lo correcto no es compararlos como iguales sino hacer posible la comparación.

Evaluar no es negativo si es la antesala para operar sobre la realidad; si propicia el establecer planes para que en las próximas evaluaciones el alumnado posea más destrezas. Tampoco es superflua la evaluación si sirve para que las autoridades educativas inclinen el presupuesto no de forma igual sino igualitaria hacia aquellos colegios que necesitan la ayuda; para aquellos que han nacido estrellados.

La educación es también un problema de Galicia; aquí también son necesarias las evaluaciones, pero atendiendo a las peculiaridades de cada caso. En esa dirección la evaluación diagnóstica que propone la norma directora (LOE) debe servir para que los centros aumenten el valor añadido de la educación. Ahí está el meollo.