El Gobierno ya tiene un borrador de reforma del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería en el que cede a algunas comunidades la gestión de los permisos de trabajo a los extracomunitarios. Ahora, sólo los nuevos estatutos de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana asumen competencias en inmigración.
El proyecto incluye 22 modificaciones en 16 de los 165 artículos del actual reglamento de la Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros. Por primera vez recoge que dos administraciones públicas tendrán autoridad en materia de inmigración. Los gobiernos autonómicos que tengan reconocidas competencias se convierten en «autoridad laboral», de manera que, a partir de la aprobación del nuevo reglamento, serán los encargados de «resolver» las solicitudes de autorización de trabajo de los inmigrantes de su comunidad, mientras el Estado gestionará los permisos de residencia. El proyecto insiste en que esta bicefalia administrativa no provocará inseguridad jurídica ni una mayor burocratización.
Para ello, el Gobierno propone varios sistemas de coordinación, entre ellos, un único archivo informático con datos de todos los solicitantes para evitar solapamientos. Además, los empresarios e inmigrantes sólo tendrán que presentar la documentación una vez .