Son más de medio millón de personas en todo el mundo, según el Gobierno. La Ley de Memoria Histórica les concede, desde ayer, la opción de acogerse a la nacionalidad española. Es pronto para saber cuántas personas han estrenado ya este derecho, pero miles de aspirantes acudieron a los principales consulados de España en América para pedir información.

Sólo en Buenos Aires hay concedidos ya 10.000 turnos para iniciar los trámites. No son datos oficiales; “El momento de hacer una primera valoración será a partir de mediados de febrero”, explicaba ayer Pilar Blanco, Directora General de los Registros y Notariado del Ministerio de Justicia.

Desde 1936, cientos de miles de españoles trataron de sortear las consecuencias del franquismo gracias a la emigración y el exilio. Cerca de 300.000 regresaron al concluir la Guerra y fueron discriminados por la dictadura.

La Ley contempla a los desplazados desde julio de 1936 hasta 1955. Es por eso un texto “generoso”, según la presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español (ADEE) Ludivina García Arias; acoge tanto a los hijos y nietos de exiliados por razones políticas, como a los herederos del exilio económico, de aquellos que se vieron obligados a desplazarse ahogados por la penuria de la primera postguerra durante los años 40.

El grueso del éxodo se dirigió a Francia y México “nunca se repetirá una historia de generosidad como la mexicana”, recuerda García Arias, pero no fueron los únicos destinos. “Han pedido información desde Samarkanda (Uzbekistán), África y hasta desde Australia”, señaló Blanco. Cerca de 80.000 nietos del exilio residentes en Hispanoamérica podrán acogerse a la Ley. Tras la Guerra, México dio una segunda oportunidad a 25.000 personas, el resto de América acogió a otro tanto. Francia recibió casi a 200.000 desplazados españoles.
“Los mismos derechos”

Ahora se concederá a los hijos y nietos del exilio “los mismos derechos y obligaciones que a cualquier otro español, en las mismas condiciones que el resto”, aclara la responsable de Registros.

Un pasaporte, el acceso a ayudas oficiales o la facultad de votar son algunos de los derechos que tendrán quienes opten por la nacionalidad española sin que, “en ningún supuesto”, se vean obligados a renunciar a la suya. Justicia ha sido uno de los ministerios más ágiles en el desarrollo de la Ley de Memoria.

Dos instrucciones de este departamento, la que entró ayer en vigor y la que concede la nacionalidad a los miembros de las Brigadas Internacionales, han sido las primeras que ponen nombre y apellidos al intento de resarcir a las víctimas de la dictadura. Esta última iniciativa, sin embargo, no llega a tiempo.

Por obvias razones de edad, apenas 300 brigadistas podrán acogerse a las novedades que ofrece la Ley de Memoria Histórica. La medida persigue “paliar los efectos de la dictadura franquista en España”, según declaró a Europa Press el director general de Emigración, Agustín Torres, quien calificó la iniciativa de “reivindicación histórica” del colectivo emigrante.