El Gobierno planea modificar la Ley de Extranjería y ceder a algunas comunidades la gestión de la concesión de los permisos de trabajo a los extracomunitarios.

El proyecto de real decreto recoge que los gobiernos autonómicos que «tengan reconocidas competencias» se convierten en «autoridad laboral», de manera que, serán los encargados de «resolver» las solicitudes de autorización de trabajo de los inmigrantes residentes en su comunidad.
Será también la autonomía la que resuelva la admisión a trámite, aunque siempre «de acuerdo con la información preceptiva y vinculante que le hubiera facilitado el Estado». El nuevo reglamento establece que también serán los ejecutivos autonómicos los que notifiquen al interesado la resolución, autoricen las renovaciones sucesivas de los permisos laborales y resuelvan los posibles recursos.
La reforma asume además una de las reclamaciones históricas de las comunidades: intervenir directamente a la hora de fijar el contingente anual (cupo) de trabajadores, ya que, sostenían las autoridades autonómicas, conocen mejor las necesidades laborales en su territorio. COLPISA