El asesinato a puñaladas de la mujer de nacionalidad venezolana, Clara Rangel, ayer en Errenteria, a manos de su pareja, vuelve a poner de manifiesto la trágica dimensión de un problema como el de la violencia de género, cuya expresión en forma de víctimas mortales y agresiones no parece encontrar un cauce razonable de solución. Las cifras que resumen tres años de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género confirman una tendencia sostenida de carácter positivo en la respuesta judicial y policial y una más eficaz coordinación institucional, pero ofrecen una radiografía de la violencia machista en España que revela la creciente magnitud del problema de fondo y las dificultades para atajarlo. El significativo incremento de las denuncias y las condenas de maltratadores a lo largo de estos últimos años apunta una progresiva liberación de muchas mujeres de la tiranía del miedo que resulta esperanzadora. Con todo, el alto porcentaje de condenas, singularmente más elevado en los juzgados especializados que en los penales, evidencia una apreciable descoordinación en la consideración penal de determinados delitos o faltas que los órganos superiores debieran subsanar.
La incidencia de la violencia doméstica en el ámbito de la inmigración se ha manifestado en este tiempo como extremadamente preocupante y, pese a que se registra un crecimiento del número de denuncias, la cifra aún resulta desalentadora en proporción a los casos de agresión. El hecho de que siete de cada diez mujeres asesinadas en España no hubieran presentado acusación contra los que luego resultaron ser sus verdugos advierte de la necesidad perentoria de seguir ayudando a las mujeres a revelar su situación.
La frustración que provoca no haber contenido aún de forma satisfactoria la sangría de asesinatos y los persistentes escollos para mantener la reacción comprometida del conjunto de la ciudadanía obligan a adecuar con mayor eficacia los recursos legales y administrativos dispuestos para hacer frente al machismo más destructivo y letal. Un objetivo que reclama, entre otras iniciativas, la reforma de la planta judicial para evitar el colapso de los juzgados especializados, así como la generalización de los controles telemáticos, la extensión de los programas de rehabilitación de los agresores y el impulso a las unidades forenses que calibren el riesgo real que corren las víctimas. La denuncia del agresor es la pieza clave para hacer posible la intervención eficaz de los mecanismos judiciales y de protección, cuyo avance es palpable pero claramente insuficiente, a la luz de tragedias tan lamentables como la ocurrida ayer en Errenteria.