Frente al anuncio del Gobierno de endurecer la Ley de Extranjería, Iniciativa per Catalunya (ICV) ha presentado en el Congreso una proposición de ley por la que pide que se flexibilice el texto. Iniciativa – Izquierda Unida pretende dejar sin ejecución la intención del PSOE de aumentar de 40 a 60 los días que los inmigrantes en situación irregular pueden permanecer recluidos en los centros de internamiento. Se trata, dice el portavoz de ICV, Joan Herrera, de hacer una ley que garantice de “forma escrupulosa” los derechos humanos,.

Los ecosocialistas plantean el refuerzo de los mecanismos que garantizan la libre circulación; la libertad de expresión, reunión y asociación; la libre sindicación; las garantías procesales; la educación, y la protección a la familia de los inmigrantes.

En concreto, piden que se abran vías para la regulación de las personas que se encuentran en situación irregular, basadas principalmente en la normalización de su situación laboral. ICV propone que se introduzca una reducción de dos años para poder solicitar el permiso de residencia temporal por permanecer de forma continuada en España. El objetivo, defienden, es luchar contra la precariedad social y laboral y la economía sumergida.

La proposición también incluye la flexibilización de la figura de la reagrupación familiar. En este sentido, se suprime el requisito de residencia de un año y autorización para residir al menos otro año a la hora de ejercer el derecho a la reagrupación. Sólo se exigiría la residencia legal en España y la acreditación de alojamiento digno y medios de vida “suficientes”.

ICV también suprimiría la necesidad de solicitar una autorización de trabajo de los descendientes y cónyuges reagrupados para poder trabajar. Para momentos como el actual, con altas tasas de paro y crisis económica, se suprimiría la necesidad de aportar seis meses cotizados por año para poder renovar las autorizaciones temporales de trabajo. Ello se haría aduciendo que los trabajadores extranjeros también son víctimas de las situaciones de crisis y no por ello se les debe castigar doblemente con una situación de irregularidad sobrevenida por dicha situación.

En opinión de Herrera, la modificación de la ley que impulsa el Gobierno es un “retroceso” respecto a la ley vigente con visos “electoralistas”. “El Gobierno ha hecho un análisis simplista de la realidad y plantea un texto con aspectos claramente populistas”.