Zakaría tenía todas las papeletas para acabar en los bajos de un camión. Con 14 años, forma parte del grupo de menores que tienen un familiar o un vecino que se ha ido a España y que, por su situación de precariedad, podría intentar irse. Sin embargo, Zakaría acude todos los días al liceo que ha habilitado el programa Cataluña – Magreb en Tánger para prevenir la emigración de menores y atender a los que se han acogido a un plan de retorno voluntario. Todavía quiere irse a España pero, por ahora, está feliz con sus compañeros en el liceo y el año que viene comenzará a recibir una formación profesional en hostelería o construcción. De los más de cien niños que se benefician del programa, financiado con dos millones de euros por la Generalitat y la Unión Europea, sólo nueve son retornos voluntarios. El programa va lento, y su efectividad ha sido puesta en duda, pero su director confía en que se mueve en la dirección correcta.

“Cuando a un menor se le propone volver a Marruecos, supone un doble fracaso para él, porque no ha conseguido lo que buscaba en España y además tiene que tragarse su orgullo y reconocerlo ante su familia”, explica Andreu Camps. De ahí la importancia de la escolarización y la formación profesional para que el menor encuentre un trabajo digno. El año que viene, si el Parlamento marroquí le da el visto bueno, se pondrá en marcha el acuerdo de repatriación de menores no acompañados entre España y Marruecos. El acuerdo pretende reducir las oleadas migratorias de menores y aliviar los centros de acogida españoles, la mayoría de los cuales se encuentran masificados. La repatriación es, sin embargo, uno de los aspectos más espinosos de la política de inmigración, y ha sido censurada por algunas oenegés de defensa del menor. Human Rights Watch, por ejemplo, ha criticado que este proceso no tiene en cuenta la opinión de los niños ni garantiza que sea una solución segura y duradera para el menor.