Un reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos considera una vulneración de derechos que la periodista y colaboradora de este diario Cristina Peri Rossi fuese despedida de Catalunya Ràdio por hablar en castellano.

El estudio anual del Departamento de Estado americano sobre la situación de los derechos humanos en España incluye el episodio del despido de Peri en el apartado relativo a los supuestos de vulneración de derechos por motivos referidos a «la nacionalidad, la raza o las minorías étnicas».

«En octubre, unos 5.000 escritores, políticos, periodistas, editores, académicos, actores y directores de cine firmaron un manifiesto criticando el despido de Cristina Peri, una escritora y periodista de Catalunya Ràdio, quien denunció que había sido despedida por hablar en castellano en lugar de hacerlo en catalán», indica textualmente el informe del gobierno estadounidense.

El documento incluye en el mismo apartado referencias a otros episodios a los que da una categoría similar como el ataque racista a una mujer ecuatoriana por parte del joven Sergi Xavier Martín, que fue registrado por las cámaras del vagón de los Ferrocarriles de la Generalitat donde ambos viajaban.

El Departamento de Estado estadounidense denuncia también en la categoría de vulneración de derechos por cuestión de nacionalidad o de raza el arresto en febrero del año pasado de seis personas de ideología nazi, que ya fueron juzgadas y condenadas, por atacar a inmigrantes en Cataluña.

Denuncia en el consulado

El contenido de este informe ha disgustado a la federació d’Organitzacions per la Llengua Catalana – una entidad en la que participan diversas asociaciones que defienden el catalán como Coordinadora d’Associacions per la Llengua u Obra Cultural Balear – que ayer entregó una carta en todos los consulados estadounidenses de Cataluña, Valencia y Baleares denunciando «la existencia de informaciones falsas y tendenciosas sobre la lengua catalana» en el citado documento.

Una portavoz de esta Organización, Blanca Serra, explicó a este diario que, a su juicio, el despido de Peri Rosi, que es uruguaya, no puede considerarse una discriminación, ya que «obedeció a motivos laborales». La entidad cree que los autores del informe han consultado sólo al Defensor del Pueblo y no han estudiado la legislación lingüística catalana, que sí da la razón a sus postulados.

La organización catalanista considera también que los redactores del estudio deberían haber buscado otras fuentes «mejor informadas» como la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat o el Observatori de la Llengua, «un organismo gestionado por la sociedad civil, especializado en el seguimiento de la evolución de la lengua catalana».

Este es el tercer año que dicha organización hace seguimiento de los informes sobre derechos humanos publicados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Según explica su portavoz, las denuncias anteriores han dado sus frutos.

Hace tres años, el estudio denunciaba la discriminación de los castellanohablantes en Cataluña. La Federació d’Organitzacions per la llengua se quejó de que el informe se basase sólo en la legislación estatal y no en la catalana y, al año siguiente, los autores del informe «corrigieron» e incluyeron como modalidad de discriminación el hecho de que en Cataluña no se pueda vivir sólo en catalán, explica Serra.

Este año, la entidad se ha quejado también por el hecho de que «el informe no menciona la discriminación que supone que en el Parlamento y el Senado españoles los diputados y senadores tengan vetado el uso de la lengua catalana».