La vivienda es una de las mayores preocupaciones de la población. Para un inmigrante, además de una necesidad básica, es la puerta para acceder a otras prestaciones sociales, lograr papeles y reagrupar a su familia. Sin embargo, los extranjeros chocan con infinidad de dificultades añadidas para disponer de un techo. La investigadora Irene Molina participó recientemente en unas jornadas de SOS Racismo sobre vivienda e inmigración, donde comprobó que los problemas que estudia en Suecia empiezan a notarse en Euskadi.

Pregunta. ¿Cómo se forman los guetos?

Respuesta. Los estudios refutan el prejuicio de que los inmigrantes prefieren vivir juntos para evitar el desarraigo. De hecho, su ideal es un barrio de mayoría autóctona, porque lo asocian con mayor bienestar. En Suecia, el acceso a la vivienda está garantizado, pero de una manera tremendamente diferenciada y restringida, porque el reparto de pisos públicos ha favorecido una marcada segregación. Los pisos de alquiler social están separados de las viviendas de propiedad privada y cooperativa. Por ello, los inmigrantes no europeos, especialmente los magrebíes, se concentran en barrios periféricos. Eso implica menor acceso a los recursos de la ciudad y segregación escolar, entre otros problemas.

P. ¿Quién discrimina?

R. Por un lado, de manera implícita, las políticas de vivienda mencionadas. Quienes administran las viviendas usan argumentos economicistas como que la alta presencia de inmigrantes las devalúa. Por otro, aunque el racismo social esté poco estudiado, hemos comprobado que los inmigrantes son más agredidos por sus vecinos en los barrios con poca representación de extranjeros. Esto lleva a hacer la carrera contraria: quien se ha instalado en un barrio autóctono tras superar infinidad de barreras decide volver al de inmigrantes, donde se siente más seguro.

P. ¿Cómo se puede combatir la segregación?

R. Hay que abrir los barrios que están cerrados a los inmigrantes. Se puede lograr con diferentes políticas públicas, como establecer cuotas de inmigrantes en los barrios o facilitar a estos la obtención de créditos para compra. Y hay que formar a la población inmigrante para que defienda sus derechos y conozca las organizaciones a las que puede acudir. También urge sensibilizar a la población autóctona para que entienda que esto no es un problema sólo del inmigrante o de determinados barrios, sino del conjunto de la sociedad. Al segregar se va cargando una bomba social que en algún momento explota. La exclusión se traduce en enorme frustración juvenil, que provoca respuestas violencias, como ocurrió en la periferia de París.

P. Las políticas de acción positiva despiertan recelos.

R. Sé que es difícil, pero hay que concienciar de que para que haya igualdad hay que compensar a un colectivo frente a otro que ha sido sistemáticamente privilegiado. Es el mismo principio que se aplica en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Existe una política de cuotas implícita que discrimina, porque la vivienda de calidad se la queda la población autóctona. No se trata más que de hacer justicia.

P. Se acusa a los inmigrantes de acaparar recursos públicos, como las viviendas sociales, más en tiempos de crisis.

R. No hay ningún país en el que se haya demostrado que los inmigrantes reciban más recursos. No es cierto que la crisis aumente el racismo, sino que evidencia el que ya existía.