MADRID, 19 Dic 2008 (AFP) –
El gobierno español aprobó este viernes el borrador de la nueva Ley de Extranjería, que incluye ampliar de 40 a 60 días el período de detención de inmigrantes ilegales antes de su expulsión.

La razón es que el ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero considera que “no son suficientes” los 40 días actuales para tramitar las expulsiones de extranjeros en situación irregular a sus países de origen.

El gobierno estudiaba desde la primavera boreal ampliar el plazo de 40 días, uno de los más cortos de la Unión Europea (UE), a 60, mientras que el opositor Partido Popular (PP, conservador), propuso elevarlos a 70 días, al igual que una comisión técnica para situaciones excepcionales, lo que fue rechazado este viernes por el gobierno.

Esta ley “no debe contemplar elementos excepcionales”, declaró en conferencia de prensa el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

Mientras el gobierno español se planteaba ampliar este plazo, la UE aprobó en junio un período máximo de retención de 18 meses, con el objeto de limitar el tiempo de detención en países que carecían de legislación al respecto, lo que provocó fuertes protestas de los gobiernos de los países latinoamericanos.

El gobierno también quiere, con esta nueva ley, “aumentar la eficacia de los procedimientos de repatriación”, que se efectúa previo acuerdo con los países de origen, según el texto difundido por el gobierno.

Además, las organizaciones no gubernamentales, que hasta ahora no podían entrar en los centros de internamiento de extranjeros (CIE), donde se les retiene antes de su expulsión, podrán hacerlo con la nueva ley, indicó el diario El País.

El proyecto de la nueva Ley de Extranjería, que se espera se apruebe hacia mediados del próximo año, restringe además las condiciones para la reagrupación familiar de los inmigrantes, que harán más difícil traer a los padres para evitar que se conviertan en demandantes de empleo e incrementes las cifras de desocupación.

Pero a cambio otorgará un permiso de trabajo a los hijos reagrupados entre los 16 y los 18 años, que hasta ahora no tenían, indicó Corbacho.

La ley también endurece las penas contra el tráfico de personas y mejora la integración de los extranjeros al elevar el derecho a la educación de los menores en situación irregular de los 16 a los 18 años, entre otros puntos, según El País.

Con la reforma de la Ley de Extranjería, que data del año 2000, el gobierno pretende incluir normativas de la UE y también incrementar los derechos de los inmigrantes que viven en España, explicó el ministro.