El Consejo de Ministros aprobó ayer una reforma de la ley de Extranjería que bien podían haber firmado los representantes del PP. El anteproyecto modifica medio centenar de los 71 artículos del actual texto y endurece la política de inmigración en términos casi idénticos a los que defendía el PP en su proposición de ley del pasado noviembre: terminar con las reagrupaciones de familiares en cadena, aumentar las multas a los que propician la inmigración ilegal, incrementar el control de los flujos y potenciar los instrumentos del Estado para llevar a buen término las expulsiones de clandestinos, entre otros aspectos.
El propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, no cree que haya problemas para que, tras los preceptivos dictámenes (del Consejo de Estado, CGPJ, Consejo Económico y Social, Conferencia de Inmigración y Foro de Inmigrantes), el proyecto será aprobado sin demasiada oposición en el Parlamento. Será un cambio notable en relación a los desencuentros de 2000 y 2003 entre el Gobierno ‘popular’ y la oposición socialista a cuenta de las reformas de este texto, unas diferencias que acabaron en el Constitucional.
El ministro se mostró «seguro» de que la «mayoría de las fuerzas políticas» apoyarán la reforma. Una convicción que no está descaminada puesto que el secretario general del grupo popular, José Luis Ayllón, se felicitó hoy mismo de que «el Gobierno haya reconocido su error en materia de inmigración» y aprovechó para denunciar que la reforma «tardía» es copia en «un 80%» de la proposición del PP.
Además del PP, que tiene instrucciones tajantes de Mariano Rajoy de hacer todo lo posible por consensuar con el Gobierno la que será cuarta reforma de la vigente ley, CiU ya ha mostrado su disposición a apoyar cambios que adecúen la normativa a la nueva y deteriorada situación del mercado laboral. De hecho, el Congreso ya aprobó el pasado septiembre una moción promovida por los nacionalistas catalanes que instaba al Ejecutivo a hacer cambios en la legislación. Sólo IU y ERC parecen oponerse a las grandes líneas de la reforma.
No obstante, antes del trámite parlamentario, el Ejecutivo tiene intención de presentar su iniciativa a las organizaciones no gubernamentales, donde, ahí sí, va a encontrar una cerrada oposición a la estrella del proyecto: el endurecimiento de las condiciones para reagrupar a los familiares de los inmigrantes legales que ya se encuentran en España para evitar las regularizaciones en cadena, ya que los reagrupados se convierten en cuestión de meses, a su vez, en reagrupantes.
El texto ya anticipa que en este asunto se va a ser «riguroso»: sólo podrán viajar a España los miembros de la «familia nuclear».
Para traer a los ascendientes, el inmigrante legal deberá cumplir varias condiciones: tener una residencia de larga duración (cinco años), que sus padres tengan más de 65 años y que haya motivos que «justifiquen» la reagrupación. «La reagrupación de los ascendientes debe tener en cuenta la sostenibilidad de una política migratoria donde la capacidad de acogida no es ilimitada», advirtió este viernes el Gobierno.
En ese punto, la sintonía es absoluta con el PP, que en su proposición reclamaba cambios en este punto porque «el actual modelo de reagrupación familiar se está convirtiendo en un mecanismo de entrada en España más allá de su finalidad originaria que era recomponer los núcleos familiares».
El aumento de 40 a 60 días de los plazos de internamiento de los inmigrantes ‘sin papeles’ pendientes de expulsión para facilitar las deportaciones antes de que los irregulares desaparezcan también será apoyado por el PP, que había propuesto en su iniciativa legislativa dejar ese período en 40 días, pero prorrogables otros 30 bajo mandato judicial. Los expertos de Interior y Trabajo debatieron sobre este asunto hasta la misma noche del jueves y finalmente descartaron introducir prórrogas extraordinarias judiciales (hasta última hora se estudió una ampliación judicial de diez días).