ANTONIO BAQUERO
BARCELONA

Desde el momento en que el Pacte Nacional per a la Immigració se empiece a aplicar, los extranjeros que deseen regularizarse mediante el arraigo social deberán demostrar un conocimiento de la lengua catalana. Así lo establece este documento consensuado por las principales fuerzas políticas e interlocutores sociales de Catalunya y que hoy se firmará en el Palau de la Generalitat.
Con este pacto, que ayer fue presentado por la consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, el Govern ha querido forjar un compromiso para garantizar la cohesión social y la integración en una sociedad formada por siete millones de habitantes, de los que 1.907.966, el 15%, son inmigrantes.

BARCELONA YA LO HACE
El pacto establece una unificación de los criterios mediante los cuales los ayuntamientos conceden el informe de inserción social, un documento imprescindible para obtener el permiso de trabajo y residencia mediante el arraigo social. Actualmente, cada ayuntamiento establece sus condiciones. Ahora, el Govern va a fijar unos únicos criterios, uno de los cuales será el conocimiento de la lengua catalana y de la sociedad y la cultura de Catalunya.
Aunque CiU quería establecer un examen, el tripartito ha optado por que los responsables municipales determinen mediante una serie de preguntas que esa persona conoce y comprende el catalán. En algunos ayuntamientos como el de Barcelona esa práctica ya se lleva a cabo. A los inmigrantes que no saben catalán se les obliga a matricularse en un curso de este idioma y se les exige la presentación de un certificado de asistencia a clase antes de concederles el informe favorable.
Para Capdevila, el motivo de esa medida es claro: “En Catalunya hay gente de 176 países y se hablan 250 lenguas. Creemos que debe haber una lengua para todos y que debe de ser el catalán”. La consellera de Acció Social invitó a los autóctonos a dirigirse en catalán a los inmigrantes: “Es la mejor manera de ayudarles a aprender la lengua de Catalunya”.

112 MEDIDAS PREVISTAS
Pero el pacto va mucho más allá. La aplicación efectiva de las 112 medidas previstas en este documento tendrá un coste de 3.880 millones de euros en el plazo del 2009 al 2012. El grueso de ese presupuesto no son ayudas directas a los inmigrantes, sino que irá destinado, en palabras de la consellera,
“a redimensionar los servicios públicos”, sobre todo la sanidad y la educación. Se trata de ampliar sus recursos “para evitar que autóctonos e inmigrantes deban competir para acceder a unos determinados servicios públicos”, remachó.
El pacto introduce el ambicioso proyecto de crear un servicio universal de acogida a los extranjeros -“el primero que se va a poner en marcha en el sur de Europa”, destacó Oriol Amorós, secretario de Immigració-. Ese servicio está concebido como un curso en el que se informa al inmigrante del entorno social y cultural catalán, se le enseña el catalán y se le dan los recursos sociales para encontrar trabajo y acceder a los servicios básicos.