Todos los inmigrantes que lleven al menos tres años en Catalunya y quieran acreditar su arraigo social de cara a su regularización deberán demostrar su conocimiento del catalán, que será partir de ahora la lengua vehicular de acogida de los recién llegados.

Así se desprende del Pacto Nacional para la Inmigración, que mañana se firmará en Barcelona y que contará con el apoyo del tripartito y posiblemente de CiU, si finalmente se liman los flecos que la federación mantiene con el proyecto, presentado hoy por la consellera de Acción Social, Carme Capdevila. Entre estos puntos que CiU no ve con buenos ojos figura la propuesta del Pacto de que una comisión bilateral Estado-Generalitat negocie una rebaja del periodo general de 10 años a 5 años de residencia regular y continuada para el acceso a la nacionalidad, o conceder el derecho a voto en las elecciones municipales a inmigrantes a partir de los cinco años de residencia.

El Pacto, del que se han desmarcado PP, Ciudadanos y CCOO, entre otros, establece que la lengua vehicular de acogida de los inmigrantes será el catalán, de forma que se tendrá que garantizar “en primer lugar” el conocimiento de este idioma y posteriormente se facilitará el aprendizaje del castellano siempre que el recién llegado lo pida para completar su proceso de acogida.

El Pacto incluye un total de 112 medidas, de las que 62 son políticas vigentes que se tendrían que reforzar y 50 son nuevas iniciativas, que en su conjunto supondrán una inversión entre los años 2009 y 2012 de 3.880 millones de euros.

El acuerdo establece como prioridades gestionar los flujos migratorios y el acceso al mercado de trabajo, adaptar los servicios públicos, especialmente la sanidad y la enseñanza, para evitar la competencia, y la integración en una cultura pública común.

También apuesta por promover los cambios legislativos necesarios para facilitar el acceso a la autorización de trabajo de los reagrupados, reforzar la presencia de la Generalitat en el exterior para potenciar la contratación en origen y fortalecer las inspecciones de trabajo para combatir la contratación irregular.