El catalán es el protagonista indiscutible del nuevo Pacto Nacional por la Inmigración, que aprobará hoy el tripartito con el apoyo de Convergència i Unió. El texto incluye que todos los inmigrantes, con al menos tres años de residencia en Cataluña, deberán hablar y entender el catalán para poder acreditar su arraigo social. Paso previo e indispensable de cara a su regularización definitiva.

El texto va más allá en materia de política lingüística al establecer que la «lengua vehicular» de acogida será el catalán. De este modo, la Generalitat deberá asegurar, «en primer lugar», el aprendizaje de la lengua catalana. En cambio, el castellano queda relegado a un segundo lugar, por lo que la Administración garantizará la enseñanza de este idioma siempre que el recién llegado lo solicite.

Para justificar este punto, el secretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, aseguró ayer que «si se empieza por el catalán, después el inmigrante siempre aprende el castellano.En cambio, si el catalán se deja para más tarde, no se aprende».Una medida impulsada conjuntamente por el tripartito y CiU que ha levantado ampollas entre la oposición catalana hasta el punto de que tanto el PP como Ciutadans se han desmarcado del acuerdo.

En la práctica, el despliegue efectivo de la norma implicará que los técnicos municipales deberán valorar si los inmigrantes tienen conocimientos básicos del catalán. O, lo que es lo mismo, si se pueden comunicar mediante la nueva «lengua vehicular».Este requisito es básico para conseguir una estancia reglamentaria en Cataluña.

De hecho, el arraigo social es una de las piedras angulares de la regularización definitiva de los inmigrantes que lleven más de tres años de estancia en Cataluña. Además de dicho documento, los extranjeros deben presentar un contrato laboral vigente, acreditar una relación personal con una persona autóctona y no tener antecedentes penales.

En materia lingüística, si los recién llegados no han alcanzado el nivel exigido, deberán acudir al Sevicio de Acogida para empezar cursos de catalán. Sin embargo, la Generalitat no está preparada para soportar la gran afluencia de inmigrantes. De hecho, la consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, salió al paso del conflicto al asegurar que las 68.000 plazas actuales de cursos de catalán para adultos se convertirán en 129.000 en 2011. Así, el Govern anunció que doblará el cupo de clases en tan sólo tres años para hacer hueco a los inmigrantes.

CiU decidió anoche que hoy firmará el Pacto Nacional por la Inmigración después de que la Conselleria de Acció Social i Ciutadania aceptara incluir en un anexo y no en el documento final la propuesta para rebajar de diez a cinco años la residencia legal para acceder a la nacionalidad.

Además de la incursión del catalán como «lengua vehicular», el pacto incluye 112 medidas, 62 vigentes y 50 nuevas. Entre ellas destaca la reducción de diez a cinco años de la residencia obligatoria para acceder a la nacionalidad española. Esta iniciativa no era del agrado de CiU, juntamente con el asunto del reagrupamiento familiar. Este último es uno de los puntos estrella del nuevo mandato marco, que consiste en la unificación del permiso de residencia y de trabajo para las personas reagrupadas. Otro de los aspectos que son competencia del Estado y, por lo tanto, requieren de modificaciones a nivel estatal.

Con el objetivo de mejorar la gestión de los flujos migratorios, la Generalitat apostará por priorizar la contratación de personas que ya residan en Cataluña, así como fomentar la presencia de inmigrantes en las administraciones públicas y establecer el permiso de trabajo para los extranjeros que estudien en el territorio.

Sin embargo, la federación convergente exigió ayer al tripartito que incluyera estos dos puntos – la reducción de diez a cinco años la estancia para conseguir la regularización y el reagrupamiento familiar – en el anexo del texto para dar el visto bueno al acuerdo.De hecho, el diputado de CiU en el Parlament, Josep Lluís Cleries, reivindicó que estas dos claves son un «brindis al sol», a la vez pueden generar «falsas expectativas» a los recién llegados, ya que no son competencia de la Generalitat.

El Pacto Nacional por la Inmigración también propone que los extranjeros con cinco años de residencia legal en Cataluña puedan votar en las elecciones municipales, petición a la que accedió CiU ayer a última hora. Esta es una de las claves del nuevo texto impulsado bajo la presidencia de José Montilla. De hecho, es una de las peticiones más demandadas por parte de los colectivos de inmigrantes, sindicatos y agentes. Una solicitud que se había convertido en todo un clásico de las últimas reivindicaciones sociales.

El PP pide «igualdad» con el castellano

El PP no firmará el Pacto por la Inmigración, entre otras cosas, porque los recién llegados «deberían conocer el castellano y el catalán en igualdad de condiciones». La presidenta del PP catalán, calilficó ayer de «oportunidad perdida» el pacto porque contiene aspectos que no considera prioritarios y porque otros son competencia estatal, como el del derecho a voto, la nacionalidad, el acceso a la función pública y el reagrupamiento familiar, con el fin de «generalizarlos». Además, planteó de nuevo el derecho a voto de los inmigrantes si existe la «reciprocidad» en sus países de origen

Ciutadans critica la «concepción soberanista»

Ciutadans cree que el Pacto por la Inmigración «está concebido para construir una nación» y por eso no lo firmará. El diputado de la formación Antonio Robles afirmó que «el inmigrante es tomado como una cosa, para alistarlo y educarlo en los supuestos valores soberanistas en el plano cultural, lingüístico y político».

Robles añadió que el pacto «será la culminación de la asimilación de la inmigración y su desafección de España». Además, el grupo subrayó que se opone a que la nacionalidad española pueda ser obtenida desde instancias autonómicas cuanto es competencia exclusiva del Estado.

SOS Racisme: apoyo desde el escepticismo

SOS Racisme anunció ayer que firmará el Pacto Nacional por la Inmigración pero advirtió que lo hace «desde la crítica constructiva y el escepticismo» y que evaluará de forma continua su cumplimiento, según informó la ONG en un comunicado.

Los motivos que han llevado a la organización a apoyar el acuerdo son su «responsabilidad y compromiso» como entidad que trabaja por la cohesión social y ya que, a pesar de no cumplir todos los objetivos que defienden, es un documento «que avanza en materia de igualdad de derechos, ciudadanía y convivencia».

Convocan una manifestación por la integración

La red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI) ha convocado entre el 10 y el 21 de diciembre 10 días de actos y movilizaciónes por los derechos de los inmigrantes, para exigir una regularización, el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, la retirada de la directiva europea y para denunciar la situación de exclusión y precariedad de los trabajadores inmigrantes ante la crisis económica. En Barcelona, se concentrarán mañana en la plaza de Sant Jaume, con lemas como nadie es ilegal, todos contra el paro o todos por los papeles y la igualdad de derechos.

CCOO no confía en que el acuerdo se cumpla

El sindicato CCOO emitió ayer un comunicado en el que, pese a que considera «positivo» el Pacto por la Inmigración, anuncia que no lo firmará por «la falta de confianza en su cumplimiento».«En este momento, no encontramos las garantías suficientes para que este nuevo pacto se lleve a cabo, y menos cuando una parte importante de la materia de inmigración es competencia estatal y se tiene que abordar con unos partidos que a nivel del Estado tienen posturas restrictivas y una visión instrumental de la inmigración», dice el sindicato. CCOO también emplaza al Govern a lograr un «acuerdo social» más allá del pacto.