El Gobierno dará hoy luz verde al anteproyecto de la Ley de Extranjería, que limita las reagrupaciones – Los ascendentes deberán demostrar que vienen para depender económicamente de sus hijos España va a convertirse en el paraíso de los extranjeros… septuagenarios. Los inmigrantes que quieran traer a sus padres o suegros por el método de la reagrupación familiar sólo podrán hacerlo si éstos tienen más de 65 años y, por tanto, no pueden incorporarse al mercado laboral. Además, deberán demostrar que van a depender económicamente de sus hijos porque no disponen de medios para establecerse en nuestro país, según explicaron a EL MUNDO fuentes gubernamentales.

Esta es la gran y sorprendente novedad que recoge el anteproyecto de Ley de Extranjería, que previsiblemente se aprobará hoy en el Consejo de Ministros. La que se convertirá en la quinta modificación de la norma en menos de 10 años va, en esta ocasión, orientada a solucionar un asunto que, aseguran las mismas fuentes, tiene «muy preocupado» al Ejecutivo: las llegadas por reagrupación familiar se han disparado en los últimos años y, como consecuencia de esta situación, los nuevos y todavía jóvenes ciudadanos están acaparando buena parte de las cada vez más escasas ofertas de trabajo.

El año pasado, 128.161 extranjeros vinieron a nuestro país por el sistema de reagrupación familiar, mientras que en los siete primeros meses de 2008 fueron 65.861. Este procedimiento es el responsable del 13% de la inmigración regular. La tendencia ha ido en aumento los dos últimos años de tal forma que, según apuntan algunas previsiones, 2008 podría acabar con alrededor de 127.000 visados expedidos, lo que supondría un crecimiento superior al 100% desde 2005.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ya había manifestado en varias ocasiones su propósito de limitar la reagrupación al núcleo familiar más básico; es decir, el compuesto por el cónyuge y los hijos. En este sentido, Corbacho propuso cambiar la ley para que los que quisieran traer a sus padres estuvieran obligados a llevar cinco años residiendo en España (actualmente con uno basta) y, por tanto, disfrutaran de un permiso de residencia permanente. Así se recogerá finalmente en el borrador de la norma a la que hoy va a dar luz verde el Gobierno.

Lo que se pretende con esto es acabar con la práctica de las reagrupaciones en cadena, que convierte en algo habitual que un inmigrante de, pongamos, 22 años, traiga a su padre, de 39 años, que al cabo del tiempo reagrupa a su padre, de 60 años… y todos ellos quieren entrar en el mercado laboral.

Se persigue, además, disuadir a los inmigrantes para que no inviten a sus ascendentes, porque la nueva ley les obligará a sustentarlos económicamente. El objetivo es reducir en un 40% la llegada de nuevos extranjeros en los próximos cinco años.

En el borrador que se remitirá hoy al Congreso de los Diputados para ser debatido en ámbito parlamentario se confirma también la reivindicación del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de ampliar de 40 a 60 días el plazo máximo que los inmigrantes en situación irregular pueden permanecer en los centros de internamiento mientras se tramita su repatriación. Esta modificación era «absolutamente imprescindible», según las fuentes consultadas.

El titular de Interior ha dicho que el actual periodo de 40 días «se quedaba muy corto». Argumenta que, desde que el juez autoriza el ingreso del sin papeles en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) hasta que se le envía de vuelta a casa en un vuelo de repatriación, la Administración española tiene que averiguar de dónde procede y avisar a las autoridades de su país, que envían una delegación que lo identifica, prepara toda la documentación y la remite a España.

En realidad, según las fuentes consultadas, no es tanto una cuestión de que en 40 días no dé tiempo a identificar a los inmigrantes, sino de disponer de más margen para poder fletar los vuelos de repatriación con el mayor número de personas.

Cada expulsión le cuesta al Estado un mínimo de 3.000 euros por persona (entre el billete de avión, distintos traslados, el alojamiento en el CIE y las dietas de los dos policías que, por norma, deben acompañar al sin papeles), así que resulta muy caro organizar un vuelo para únicamente tres o cuatro inmigrantes. En la actualidad, el Gobierno sólo expulsa al 28% de los extranjeros en situación ilegal a los que abre expediente.

La nueva Ley de Extranjería se endurecerá, pues, en la línea de lo que marca la UE – la polémica Directiva Retorno permite retener a los indocumentados hasta 18 meses – y adquiere un carácter marcadamente restrictivo, tanto en lo policial como en lo laboral, más acorde a los tiempos de incertidumbre económica que corren.

Pero, por otro lado, contempla algunos artículos más garantistas. Como, por ejemplo, el que especifica que los hijos de los sin papeles pueden tener acceso gratuito a la educación secundaria. La norma actual sólo reconocía este derecho para la enseñanza primaria, que es la que hoy en día presenta un mayor volumen de niños extranjeros: 292.457 para el curso 2007/2008, que suponen el 11,2% del total del alumnado, frente al 10,8% que representan los de la ESO (197.184 estudiantes).

Paralelamente, el anteproyecto de ley reconoce la asistencia jurídica gratuita a todos los inmigrantes, dispongan o no de permisos de residencia y trabajo, como también su derecho a reunirse, manifestarse, asociarse, sindicarse e ir a la huelga, novedades a las que obligaban varias directivas europeas que había que trasponer y las sentencias del Tribunal Constitucional que declararon inconstitucionales algunos artículos de la actual Ley de Extranjería.

Sin consulta social

O. R. S.

MADRID. – «Consenso», «consenso» y «consenso». El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha repetido esta palabra hasta la saciedad, pero, a la hora de la verdad, no ha contado con los agentes sociales para elaborar el anteproyecto de Ley de Extranjería. No han sido consultados ni las ONG, ni los colectivos ciudadanos, ni las administraciones autonómicas y locales, ni los sindicatos.

En CCOO explicaban ayer que no conocían el contenido de la nueva norma porque se les informó a última hora, «de forma muy rápida» y sin facilitarles documentación.

«¿Cómo que el anteproyecto se va a aprobar mañana [por hoy]? No puede ser. Si todavía no hemos emitido nuestro informe…», se extrañaba Lorenzo Cachón, presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, que es el órgano de asesoramiento del Gobierno en esta materia.

Las ONG estaban con un enfado monumental. «No se nos ha consultado. Y nos parece muy grave. Ya se está convirtiendo en algo generalizado», se quejaba Alfredo Abad, secretario general de Cear. «Es una falta de respeto a todo el sector social», añadía José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge.

Más de lo mismo en los gobiernos autonómicos, a quienes la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, les dijo el pasado lunes que se les facilitaría el texto cuando lo aprobara el Gobierno.