Los inmigrantes que residan en Cataluña y quieran regularizar su situación deberán acreditar un conocimiento mínimo de la lengua catalana para obtener el preceptivo certificado de arraigo. Así se establece en el Pacto por la Inmigración que hoy rubricarán los grupos que apoyan al Gobierno catalán, Convergència i Unió y una veintena de sindicatos, instituciones y entidades como SOS Racismo. El pacto, con una redacción totalmente inconcreta, es la base sobre la que el Gobierno catalán escribirá la nueva ley de Integración e incluye también las peticiones que trasladará al Ejecutivo central ante cualquier modificación de la ley de Extranjería. Entre éstas se incluye la de otorgar el derecho de voto a los inmigrantes en las elecciones municipales siempre que acumulen cinco años de residencia legal e ininterrumpida.

El acuerdo contará hoy con el apoyo de Convergència i Unió pese a que no incluye una de las principales peticiones de esta formación: que los inmigrantes deban pasar una prueba para demostrar su nivel de integración y de catalán. El tripartito, los sindicatos y las ONG lo rechazaron por completo.

Los nacionalistas tampoco ven con buenos ojos las facilidades para otorgar derecho de voto a los inmigrantes y la demanda que se hace al Gobierno central para que facilite la obtención de la nacionalidad, al rebajar a cinco años el tiempo de residencia para acceder al pasaporte español.

El pacto ha provocado tensiones en el tripartito en los casi dos años de gestación que ha tenido. En un principio, Esquerra Republicana quería que todos los inmigrantes tuvieran que pasar por un curso denominado “proceso de acogida” para demostrar su conocimiento de catalán y su nivel de integración. El PSC se negó a ello. Finalmente, este curso será optativo, aunque en la práctica hacerse con un certificado de asistencia a estas clases será la fórmula más fácil para que los ayuntamientos reconozcan la voluntad de arraigo de los inmigrantes. Comisiones Obreras y el PP no firmarán el documento.