Canarias cree que «hay que abrir un debate sobre la situación del menor extranjero» y que a pesar del acuerdo firmado con el Estado para su traslado a la Península las Islas seguirán acogiendo «a más de 1.000 niños», por lo que el trato aunque no es «óptimo» representa «un avance» en la materia.

Así lo señaló ayer en el pleno del Parlamento de Canarias la consejera regional Milagros Luis Brito, quien admitió que se trata de competencia de las autonomías, pero que «los menores rescatados son traídos por Salvamar – que es del Estado – y de ahí que se siga pidiendo la modificación de ley de menor».

Luis Brito, que contestaba en lugar de la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, por encontrarse ésta en Madrid, indicó que el convenio recientemente firmado por el Ejecutivo central permitirá el traslado de 500 niños y la financiación de los viajes con 15 millones de euros del Estado, pero no por ello «asume la tutela», se lamentó.

La previsión es que sean las comunidades autónomas de acogida las que asuman la tutela, si bien podría ser el Ejecutivo canario el que siguiera siendo responsable de estos niños. «El convenio es bueno, pero siguen quedando al cargo del Ejecutivo canario más de 1. 000 niños», dijo Brito en respuesta a la petición de José Miguel González (CC).

Asimismo, el diputado socialista Juan Ramón Rodríguez – Drincourt acusó a Luis Brito de la «segregación singular» que promueve al situar a estos chicos «con los menores infractores o los que tienen acreditados el absentismo», algo «contrario al Libro Verde de Educación e Inmigración».