Cataluña, Valencia y Andalucía asumirán esta competencia, al tenerla recogida en sus estatutos – El PP dice que se crearán «corralitos territoriales» que limitarán la movilidad de los extranjeros El Gobierno dejará de tramitar y conceder en exclusiva los permisos iniciales de trabajo (de un año de duración) a los inmigrantes que quieran emplearse en España. A partir de ahora se encargarán de ello las comunidades autónomas que tengan contemplada esta atribución en sus estatutos de autonomía. Es el caso de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, que precisamente reciben el grueso de la mano de obra extranjera establecida en nuestro país.

En los próximos días, el Gobierno aprobará un real decreto que enrevesará aún más todo el sistema de contratación de extranjeros: las autorizaciones iniciales de residencia las seguirá concediendo el Estado, pero las de trabajo pasarán a ser competencia de las citadas comunidades autónomas y de todas aquellas que, en un futuro, lo reflejen en sus reformas estatutarias.

Según el borrador del decreto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, las dos administraciones – estatal y regional – tendrán que ponerse de acuerdo y resolver de «manera coordinada y concordante» una única resolución conjunta que será firmada por ambas. Es decir, si no hay permiso de trabajo no hay permiso de residencia. Y viceversa.

Hasta el momento, era la Delegación del Gobierno la que repartía en cada comunidad autónoma los permisos de residencia y de trabajo, en una farragosa burocracia que duraba entre seis y 18 meses. Ahora serán dos administraciones diferentes las que decidan si dejan o no entrar a los extranjeros. El decreto sostiene que esto «no debe producir alteración o deterioro del servicio que se presta a la ciudadanía, ni afectar tampoco al ejercicio de las competencias que tienen reconocidas específicamente cada una de las administraciones públicas».

Pero la cosa empieza con mal pie, porque tanto el PP como el Defensor del Pueblo han recurrido el artículo 138 del Estatuto catalán en el que se atribuye «la competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña». Tanto la institución de Enrique Múgica como el principal partido de la oposición consideran que excede la competencia exclusiva del Estado en esta materia.

En el real decreto – que no necesitará pasar por las Cortes para ser aprobado – , se establece textualmente que «la autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena tendrá una duración de un año y podrá limitarse a un ámbito geográfico y sector de actividad determinado en los términos establecidos en la normativa estatal aplicable». La novedad es que, «cuando la comunidad autónoma tuviera reconocidas competencias en materia de autorización inicial de trabajo, podrá fijar el ámbito geográfico de la autorización inicial dentro de su territorio».

En otras palabras: todos los inmigrantes que quieran trabajar por primera vez, por ejemplo, en Cataluña deberán pedirle permiso a la Generalitat. Y, además, no podrán trasladarse a esta región los que tengan una autorización expedida en un lugar distinto. Así, tendrían problemas los temporeros, que irán a Huelva para trabajar en la recogida de la fresa, pero no podrán desplazarse después a la vendimia manchega porque Andalucía sólo les dará permiso para trabajar en su territorio. Además, como sólo se habla de «ámbito geográfico», un inmigrante que trabaje en el Baix Llobregat podría tenerlo difícil para mudarse al Segrià.

El portavoz del PP en materia de Inmigración, Rafael Hernando, asegura que este decreto «rompe con el principio de coordinación y arbitraje estatal de las necesidades de trabajo» y «está sujeto a la arbitrariedad de cada comunidad autónoma». Hernando denuncia que «en un momento en que en la UE se tiende hacia la flexibilidad del mercado, aquí se crean corralitos territoriales». Y más teniendo en cuenta la alta movilidad geográfica de la población inmigrante, sobre todo en tiempos de crisis.

El decreto – que modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería y otro real decreto sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de la UE – se debatió el pasado lunes en el Consejo Superior de Política de Inmigración. Las comunidades gobernadas por el PP vaticinaron que causará «el caos», «la desigualdad» y la «discriminación» entre los distintos territorios. El Gobierno valenciano no tiene intención de desarrollar este decreto, aunque se lo permita su Estatuto.