Los informes 12 y 13 del Estado, en cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD, en inglés), revelan que la mayor parte de denuncias presentadas por racismo ha sido contra funcionarios públicos.

Ese documento se entrega cada dos o cuatro años, para informar a la CERD, de Naciones Unidas, sobre los avances y retrocesos en todos los ámbitos del Estado en materia de eliminación de las formas de discriminación y racismo.

La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), que coordinó la redacción del documento, recogió por medio de su asesoría jurídica 35 denuncias de pueblos indígenas, las cuales están en proceso de resolución, y otras 131 fueron cerradas.

La mayor parte de los hechos cerrados administrativamente fueron cometidos por empleados públicos, según el informe.

De esos casos, 48 fueron resueltos en el área administrativa, lo que implicó sanciones como disculpas públicas, despidos o acuerdos, cuando se refirieron a establecimientos educativos en los que no se permitió a los afectados hablar su idioma o vestir su traje.

En ninguno de los casos hubo sentencias o resoluciones condenatorias.

Por discriminación, Codisra identificó que la mayor parte de las denuncias entre el 2005 y el 2008 se recibió por motivos de etnia.

El peor año fue el 2006, con 68 denuncias. El 2008 fue el año con menor número de reclamos, con 28.

Respecto de los sujetos denunciados y su procedencia, 62 correspondieron a particulares, 17 a personal de planteles educativos, 13 fueron alcaldes municipales, ocho policías nacionales, 10 juzgados de Instancia y de Paz, y 11 autoridades de la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural y cinco miembros de la Iglesia Católica.

El informe, que contiene datos sobre avances y asignaturas pendientes en materia de educación y salud, se encuentra ahora en la sede de la CERD, en Ginebra, Suiza, donde será revisado.

Una vez que esto ocurra, Codisra publicará el documento completo y lo dará a conocer con las organizaciones civiles e instituciones implicadas, algo que probablemente se dará en enero.

Según Anders Kompass, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, “elaborado el informe, el gran desafío sigue siendo que esa voluntad y ese compromiso de avanzar en la implementación de la Convención se traduzcan en realidad perceptible para los pueblos indígenas de Guatemala”.