La política europea de inmigración sigue girando cada vez más en torno a cerrar fronteras para los inmigrantes extracomunitarios y a expulsar cuanto antes a los que acceden por entradas no habilitadas y sin documentación.

Así se puso de manifiesto en la última reunión del consejo de administración de la Agencia de Fronteras Exteriores de la Unión Europea (Frontex), celebrada el 20 de noviembre en el sur de Francia.

El objetivo de Frontex es poner en marcha cuanto antes vuelos conjuntos de repatriación de inmigrantes en situación irregular, con el fin de que el país africano que recibe a sus ciudadanos no muestre animadversión hacia ningún país determinado, sino que estas deportaciones sean responsabilidad de la UE.

Los responsables de Interior de Francia, España, Alemania, Italia y Alemania acordaron, el pasado verano, tras una propuesta española, intensificar y costear en común los vuelos de repatriación de inmigrantes clandestinos a sus lugares de origen.

Este acuerdo se fijó en la reunión de la cumbre del G5 que se celebró en Evian (Francia). Los ministros aprobaron allí ésta y otras medidas destinadas a endurecer el control de las fronteras de la Unión Europea.

Según especialistas en inmigración, las expulsiones en vuelos comerciales resultan muy caras, sin contar con los inconvenientes y la problemática del rechazo que en ocasiones surge en los aeropuertos africanos, como el ocurrido el pasado mes de septiembre con un avión en el que viajaban 101 gambianos con 107 policías españoles, que tras la negativa del Gobierno africano para desembarcar, el vuelo tuvo que volver a Canarias.

Según calcularon los policías que realizaron el vuelo de ida y vuelta, sus 24 horas de servicio, 12 de vuelo en cinco trayectos diferentes (Madrid, Las Palmas, Fuerteventura, Banjul, Las Palmas, Madrid) costaron al Estado unos 180.000 euros.

La realidad es que los vuelos de repatriados que son responsabilidad sólo de un país europeo suelen generar fricciones diplomáticas con el que los recibe. Hay que tener en cuenta que España es uno de los países que más vuelos de repatriación organizan, para trasladar desde Canarias a los inmigrantes que llegan en los cayucos.

Por ello, y en el marco del Pacto Europeo por la Inmigración y el Asilo, los gobiernos de la UE quieren implementar los vuelos conjuntos.

Fue en el año 2006 cuando el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE dio mandato a Frontex para que coordinara la organización de esos vuelos chárter conjuntos y prestara la asistencia necesaria para facilitar los procedimientos.

No obstante, para poder desarrollar esa tarea, la Agencia deberá tener acceso a la red de información y coordinación puesta en marcha en internet por los servicios de gestión de la migración de los estados miembros. Esta red debería utilizarse como plataforma de comunicaciones entre Frontex y los estados miembros.

A juicio de los ministros, “es necesario que los países recurran en mayor medida a los vuelos conjuntos como forma de demostrar que la Unión Europea está comprometida con las medidas de repatriaciones conjuntas que suponen una utilización más eficaz de los recursos, con el consiguiente aumento del porcentaje de repatriaciones desde los países de la UE”.

El texto indica que se han demostrado los buenos resultados y la eficacia del modelo consistente en que el estado miembro que organice el vuelo chárter dirija toda la operación, con la participación de los demás estados miembros, modelo que deberá seguir aplicándose.

En las conclusiones, el Consejo reitera que las operaciones conjuntas de repatriación deben organizarse “respetando plenamente los derechos humanos y la dignidad del repatriado”.

En la última reunión de Frontex, también se abordó el desarrollo del visado con datos biométricos para entrar en la UE, que requiere un gran despliegue de medios y cuya entrada en vigor está prevista para el año 2012.