En la lucha contra la inmigración ilegal, el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, destacó ayer que, en lo que va de año, la Policía Nacional ha desarticulado 57 redes dedicadas a promover la inmigración clandestina y la explotación de inmigrantes. Estas operaciones comportaron la detención de 318 responsables de estas organizaciones criminales. Las Unidades contra Redes de Inmigración y Falsificación han realizado, además, 310 servicios, con un total de 850 arrestados, por actividades relativas a la inmigración ilegal, explotación laboral y falsificación. La Delegación de Gobierno ha propuesto 4.700 expulsiones de ilegales, pero sólo se han materializado 980 repatriaciones en 2008. «La sanción de expulsión es la máxima que puede aplicar un juez a un inmigrante ilegal, pero la mayoría de ellas se suspenden por arraigo», apuntó la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Montserrat García. En la batalla contra la economía sumergida y la inmigración ilegal, Rangel subrayó las 4.000 inspecciones de trabajo, que comportaron sanciones económicas por valor de 5,5 millones de euros. En cuanto al número de «sin papeles» que hay en Cataluña, el delegado del Gobierno aseguró que carece de cifras aproximadas de este colectivo – que algunos sindicatos y ongs estiman en cerca de medio millón de personas – , pero que él tiene la sensación de que «no son muchos porque nuestra obligación es perseguirlos».