El Estado expulsa a un millar de inmigrantes por no tener papeles, un 20% de los casos propuestos La crisis empezó a notarse en los últimos meses de 2007 en las oficinas de extranjería. Y en 2008 se ha confirmado que la situación económica ha ido a más con una caída muy importante en la concesión de permisos de trabajo, con una contracción del 28% – según los datos recopilados hasta el mes de noviembre, pero presentados ya como balance por la Delegación del Gobierno en Cataluña.

De las 58.806 autorizaciones ofrecidas a ciudadanos extranjeros en 2007 se ha pasado a 42.303 este año, apenas 2.000 más que en 2005. Los nuevos números dan cuenta de la nueva situación, en la que la demanda de empleo ha sido sustituida por un excedente que ha provocado incluso la invitación del Gobierno central a los inmigrantes en paro a capitalizar todos sus derechos del paro para regresar a su país. De momento, en toda España, a esa medida que está todavía en fase de promoción publicitaria se han acogido medio millar de personas, según afirmó la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Montserrat García.

La reducción de permisos va en consonancia con la reducción de los afiliados a la Seguridad Social, que en los últimos años había crecido sobre todo en base a la incorporación de trabajadores inmigrantes. Este año, conforme pasaban los meses, los funcionarios encargados de expedir permisos de trabajo iniciales rebajaban sus análisis, hasta el punto de que si en febrero analizaban casi 6.000 casos, en noviembre se quedaron en menos de un millar.

Pese al nuevo contexto, la mayor parte de los 921.646 residentes legales siguen siendo ciudadanos con permisos de residencia y trabajo, un 87% del total, mientras que el resto sólo tiene un 13%.

Las contrataciones en origen se reducen, de la misma forma que las autorizaciones de reagrupación familiar. Esta última interpretación tiene sentido por los nuevos requisitos solicitados por el Estado, antes reclamados por la UE, según los cuales es necesario asegurar un mínimo de recursos económicos para poder mantener a familiares y «no tener viviendas en garantías», según explicó García.

En lo que va de año se han registrado un total de 4.700 propuestas de expulsión de inmigrantes extranjeros que residían en Cataluña, de los cuales se materializaron 980, lo que supone un 21% del total, según explicó el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel. La subdelegada del Gobierno en Barcelona, Montserrat García, explicó que en el caso de que un extranjero tenga una orden de expulsión exclusivamente por estar ilegalmente y haya solicitado la residencia por arraigo, se revoca la orden de expulsión.Este año se han desarticulado 57 redes dedicadas a promover y favorecer la inmigración ilegal y la explotación de inmigrantes y se detuvieron a un total de 318 personas.

LA POLITICA DE INMIGRACION EN 2008

Caída paulatina. La concesión de permisos de trabajo cae en paralelo a la crudeza de la crisis económica: en febrero se dieron 6.000 permisos y en noviembre menos de un millar.

Regreso voluntario. Los intentos del Gobierno para reducir la presión de la inmigración da sus primeros frutos: medio millar de extranjeros de toda España ha capitalizado el paro para regresar a su país.

Regreso forzado. Un millar de ‘sin papeles’ han sido obligados a volver a su país, aunque sólo son una cuarta parte de los detectados.