Jaime V. Echagüe

Madrid- Luis llegó a Almería en 2000, junto a su mujer y tres hijos. Como tantos otros sin papeles empezó trabajando en el campo, «de lunes a sábado, 9 o 10 horas al día. Nos metían mucha caña y, en días de mucho calor, descansábamos media hora. No teníamos donde hacer nuestras necesidades. Cobrábamos 680 euros al mes pero, si faltabas para ir al médico, te quitaban dinero». Así estuvo dos años, hasta que encontró trabajo en una obra. Le fue mejor, pero ahora está en paro, con una boca más que alimentar y, lo que es peor, una hipoteca que no puede afrontar. «El banco me llama cada hora. Me dicen que me pueden quitar la casa». Pero lo tiene claro: «No por eso voy a robar o a matar». Luis se refiere al suceso del pasado sábado en La Mojonera (Almería), donde el 30% de la población es inmigrante. Sega, un joven malí de 24 años que trabajaba en el campo, acudió a un locutorio para llamar a su familia. Acababa de cobrar y pensaba enviarles dinero. Llevaba los billetes encima, y de eso se percató Mohamed, marroquí de 28 años. Cuando Sega se dio cuenta de que pretendía robarle, comenzó una reyerta entre dos grupos, formados por subsaharianos y marroquíes, que terminó con el navajazo mortal de Mohamed a su vecino. Al día siguiente se produjeron violentas revueltas en la zona encabezadas por varios subsaharianos, que quemaron coches y contenedores, dañaron los comercios propiedad de marroquíes y tiraron piedras a las autoridades. ¿El saldo? Cinco detenidos por disturbios, además de tres arrestados entre ellos el presunto agresor por el asesinato de Sega. Lo señalaban esta semana sociólogos y asociaciones: la crisis se ceba en los más desfavorecidos, provocando una mayor marginalidad que, en ocasiones, puede desembocar en comportamientos delictivos. Y en épocas de carestía, el colectivo de inmigrantes queda «más al margen de la legalidad», según reconocía a este diario Juan Miralles, director de la asociación Almería Acoge. Y es que se trata de un grupo en desventaja: aparte de no estar siempre regularizado hay que sumar que es un blanco fácil para la economía sumergida. «La necesidad no puede nunca justificar un robo, pero lo cierto es que todos los estratos bajan un peldaño en tiempos de crisis. Y siempre surgen elementos descontrolados por el nerviosismo», añade. Aparte de no haber trabajo, reconoce la Asociación de Emigrantes Senegaleses de Andalucía (Adesean), «faltan recursos sociales para atender varias necesidades y presencia disuasiva en zonas donde pueden ocurrir casos como éste». Adesean recuerda el asesinato en septiembre de un joven senegalés a manos de un español también en Almería, que desembocó en dos días de violentos enfrentamientos. «La falta de trabajo y de dinero conduce al vandalismo», dice Spitou Mendy, portavoz del Sindicato Obreros del Campo en Almería. «La precariedad siempre la hemos sufrido, pero con la crisis va a peor». «Contratan a inmigrantes para trabajar a 43 euros por 8 horas que después se quedan en 20 o 30. El 99% de los indocumentados son analfabetos y te hacen creer que firmas como trabajador fijo, cuando lo están haciendo como voluntarios. Cobran 600 euros y pagan 800 de hipoteca; muchos han tenido que devolver la llave al banco. La gente se encuentra en una trampa y se ahoga», relata Mendy. «Es la historia de un delito anunciado en tiempos de crisis», comenta Antonio López Peláez, profesor de Sociología de la UNED. «La economía de los inmigrantes decae, pero, en épocas de recesión, las expectativas de vida se reducen». Además, «hay que preguntarse cómo se integran los inmigrantes entre ellos», explica el profesor, para quien «España ha de preguntarse si ha gestionado bien los servicios de la inmigración».