La organización civil Sin fronteras denunció que desde 2007 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de su Dirección Jurídica, “restringe el acceso a la nacionalidad mexicana y con ello la integración al país de las personas migrantes y refugiadas”.

Alertó al gobierno federal que el reglamento en ciernes de la Ley de Nacionalidad mantiene la restricción a los extranjeros.

Sin Fronteras envió un documento a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el que señala que la restricción a la nacionalidad mexicana afecta a quienes han cumplido con la ley.

Esto se traduce “en una práctica violatoria de derechos humanos y discriminatoria”.

También acusan al gobierno de pretender afectar “gravemente” el principio de unidad familiar asumido como un compromiso enunciado en el artículo 44 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias”.

Asimismo, no se toma en cuenta el caso específico de los refugiadas, quienes, por lo establecido en la normatividad, no pueden acceder a la calidad de inmigrante, “excluyéndolos de facto del derecho a la nacionalidad e inobservando el artículo 34 de la Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados”.

“Si se aprueba el anteproyecto de Reglamento de la Ley de Nacionalidad, se caerá en retroceso”, advierte la ONG.

 
 
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