El Gobierno instalará cámaras en todas aquellas comisarías en las que haya detenidos incomunicados. Con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Ejecutivo aprobará hoy un Plan Nacional de Derechos Humanos en el que, entre otros asuntos, “ampliará las garantías legales del detenido” para evitar casos de tortura, según adelantó ayer la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega.

Además de la incorporación de dichas “técnicas de grabación en las dependencias policiales”, se prohibirá la detención incomunicada a menores de edad y se reducirá el actual plazo de ocho horas para la asistencia letrada de los arrestados.

El Ejecutivo considera que la mejor celebración del 60 cumpleaños de la carta es “que se siga trabajando y profundizando en los Derechos Humanos”, porque “si se dejan de promocionar”, estos pueden “debilitarse”.

Precisamente, el nuevo plan que el lunes se presentará ante la Asamblea General de la ONU, y que pretende llevarse tanto a la Convención de Ginebra como al Consejo de Europa, concibe los Derechos Humanos “como indivisibles” y establece una necesaria “profundización” periódica en los mismos. La vicepresidenta explicó que este conjunto de medidas situará a España “en la vanguardia” europea en la materia, junto a Sueciay Noruega.

Según explicó De la Vega, para el Gobierno se trata de “172 compromisos y 172 actuaciones” a favor de “la igualdad, la no discriminación” y la “integración de las personas”. Por un lado, el Ejecutivo “quiere trabajar por la promoción de los Derechos Humanos en todo el mundo”. Para conseguir ese objetivo, el Gobierno seguirá ratificando instrumentos internacionales e intensificará su lucha contra la penade muerte.

En el ámbito interno, centrará su actividad en la “igualdad” y en la lucha “contra la discriminación y el racismo”. Para ello, establece medidas que van desde el fortalecimiento de las actuaciones contra la violencia de género hasta la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Sobre este asunto, De la Vega recordó que “hoy la sociedad española es más plural”, por lo que se hace necesaria una “actualización” de la normativa que recoja los derechos de los que profesen una religión distinta a la mayoritaria. Para ello “se reforzará la formación y enseñanza de los distintos agentes públicos en materia de libertad religiosa”.

Este Plan Nacional incluirá, además, un apartado con medidas para luchar contra la trata de seres humanos y recoge la posibilidad de que se conceda la residencia legal a las víctimas que denuncien su situación. La vicepresidenta anunció que se creará un representante del Defensor del Pueblo que evaluará la aplicación del Plan dos veces al año.

En Catalunya se inició en febrero de 2007, tras una serie de denuncias por excesos de fuerza policial, la instalación de cámaras en los calabozos. Desde que se colocaron estos dispositivos, comisarías como la de Les Corts no han registrado ninguna nueva denuncia.