«El levantamiento de la moratoria no tendrá efecto sobre el flujo de trabajo» – Moratinos decidirá la próxima semana si mantiene o no esta medida El futuro de los cerca de un millón de rumanos y búlgaros que están asentados en España se decidirá en los próximos 20 días. A final de año vence la moratoria que restringe la libre circulación de los trabajadores de estas nacionalidades y el Gobierno tiene que resolver si prorroga o no esta medida, destinada a evitar una llegada masiva de inmigrantes del este de Europa.

Aunque la decisión no está tomada todavía, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, abogó ayer por eliminar la fórmula que impide a estos ciudadanos trabajar por cuenta ajena.

Corbacho, que siempre dice que los fenómenos migratorios deben estar en relación con el mercado de trabajo, es de la opinión de que no se producirá una avalancha de rumanos y búlgaros – miembros de la UE desde el 1 de enero de 2007 – si se les permite trabajar con los mismos derechos que tienen los demás ciudadanos comunitarios.

«El levantamiento de la moratoria no va a tener efecto sobre el mercado laboral, que es el que determina el flujo de trabajo. Creo que ese flujo no se vería incrementado», argumentó ayer, en una comida informativa organizada por el Foro ABC.

E insistió: «Levantar la moratoria no va a tener ningún efecto desde el punto de vista de lo que significa hoy la comunidad rumana en España, que son 700.000 personas».

Eso sí, de quitarse la moratoria, el ministro se mostró partidario de llevar a cabo un seguimiento y hacer «una revisión de balance a los seis meses para ver si se ha producido o no un efecto negativo».

En cualquier caso, ésta es la opinión personal del ministro, porque quien tiene la última palabra es el titular de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, en sintonía con lo que decidan otros países europeos que también aplican la moratoria.

Corbacho adelantó que Exteriores emitirá la próxima semana un informe en el que expresará su postura.

La decisión es complicada, porque, en estos tiempos de crisis, la opinión pública española (sobre todo los tres millones de parados) puede interpretar como una amenaza esta apertura del mercado. En este sentido, el alto comisionado de Rumanía para la Emigración, Petre Roman, aseguró a EL MUNDO que «la decisión ya está tomada»: «Varios países, entre ellos España, mantendrán la moratoria para evitar problemas con sus ciudadanos». El Gobierno español sostiene que todavía no ha llegado a una conclusión.

Si finalmente se elimina la restricción, el Gobierno daría satisfacción a las comunidades rumanas y búlgaras, que vienen demandándolo desde principios de 2007, cuando se puso en marcha esta medida. El Ejecutivo también se pondría, por una vez, en el mismo bando que el PP, que considera que la moratoria ha llevado a miles de rumanos a la economía sumergida, lo que ha supuesto a la Seguridad Social unas pérdidas que cifra en 180 millones de euros.

Según el Estudio socieconómico sobre la inmigración rumana en España, cerca de 200.000 rumanos desarrolla su trabajo en España de manera irregular.

El portavoz popular de Inmigración en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, se mostró ayer «satisfecho» por las palabras de Corbacho y consideró que la medida «no ha servicio para nada», según informa Europa Press.

Por otro lado, Corbacho confirmó ayer que el borrador de la reforma de la Ley de Extranjería se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo día 19 o en el del 26 a más tardar. El ministro aseguró que el texto está «prácticamente elaborado, en un 98%». Esta será la quinta reforma de la norma en los últimos 10 años.