«No se admite más personal». Las personas que acuden cada año a las cooperativas agrarias se encuentran con un mensaje tan escueto como contundente. A pesar de que en esta época del año tiene lugar la recolección de cítricos y hortalizas, la agricultura no da para más.

En la Comunidad Valenciana se observan con creciente preocupación fenómenos de violencia interracial como el registrado este fin de semana en Almería, donde se registra una fuerte concentración de temporeros inmigrantes.

El presidente de la Federación de Cooperativas Citrícolas, Cirilo Arnandis, y su homólogo de Asaja – Alicante, Eladio Aniorte, coinciden en señalar que la situación todavía no resulta equiparable, aunque ya se han producido los primeros conatos de altercados, como los acontecidos hace tres semanas en Torrente, cuando los temporeros protestaron por la bajada de los salarios.

No obstante, en la Comunidad Valenciana, al contrario de las prácticas extendidas en Andalucía, la contratación de extranjeros se «ajusta plenamente a la legalidad». Además, los acuerdos laborales los suscriben comercios privados o cooperativas, mientras que en tierras andaluzas corren a cargo de los propietarios de las tierras.

En todo caso, el clima de incertidumbre en el campo valenciano resulta evidente, por mucho que el perfil del trabajador inmigrante – con «papeles» y agrupados en núcleos familiares – diste del que presentan los protagonistas de los disturbios en Almería.

De hecho, en el último año, el número de extranjeros inscritos en las listas del paro en el sector se ha duplicado, de acuerdo con el último dato difundido por el Ministerio de Trabajo, correspondiente al mes de noviembre. En términos cuantitativos, la situación todavía no resulta alarmante, ya que el paro extranjero en la agricultura afecta en la actualidad a 1.818 personas.

Sin embargo, esta estadística sólo «representa la punta del iceberg» del problema, ya que únicamente refleja a inmigrantes que residen en España de forma «legal».

Ante la posibilidad de que estas cifras aumenten, Arnandis no muestra dudas. De hecho, «esta campaña ha habido más solicitudes para trabajar que puestos disponibles». De hecho, «muchas personas que habían abandonado las tareas del campo para marcharse a la construcción, han vuelto este año». Sin embargo, «a día de hoy no hay cabida para estos trabajadores», según sostienen desde Asaja – Alicante.

Algunos de ellos, además, son españoles, aunque los extranjeros suponen en la actualidad el 70 por ciento de la mano de obra del sector, de acuerdo con las estimaciones de Eladio Aniorte. Según la información facilitada por el Ministerio, en la Comunidad Valenciana hay registrados 28.400 trabajadores extranjeros dados de alta en el Régimen Agrario de la Seguridad Social.

Si en la presente campaña de recolección el sector ha sido incapaz de generar más empleo, las perspectivas para estos ocupados no son buenas. La crisis agrícola, el incremento de los costes de producción y la ausencia de un precio estable para la venta, configuran un escenario en el que las probabilidades apuntan hacia la destrucción de empleo.

Mirando a Almería de reojo

La combinación del aumento del paro con el crecimiento de la demanda de empleo supone un elemento añadido de desasogiego ante un posible brote de conflictividad social protagonizada por los extranjeros, como en el caso de Almería.