L A Educación Especial, que tradicionalmente ha estado ligada a la deficiencia, presenta hoy en día una concepción diferente, donde la escuela de la segregación ha dado paso a la escuela de la integración, la de la homogeneización a la de la diversidad, y donde la escuela de la atención a las deficiencias ha sido sustituida por la de la atención a las necesidades educativas especiales.
Es evidente que el principio de atención a la diversidad, desde la perspectiva educativa, alcanza un importante apogeo en una sociedad plural y en constante cambio como la actual.

Un punto de referencia clave lo encontramos ya en la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi), de 1982, que establece los principios de normalización y de integración, opuestos al criterio de discriminación, bajo la convicción de que todas las personas con discapacidad han de tener los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Desde entonces, han pasado más de 25 años, y en la evolución de las diferentes propuestas legislativas se ha ido estableciendo el marco de la oferta educativa actual, con sus medidas ordinarias y extraordinarias.

Se estima que, al menos, uno de cada cinco escolares tiene necesidades educativas especiales. Nuestro sistema educativo debe dar respuesta a todos los alumnos, incluidos aquellos con discapacidad, sobredotación, graves problemas de salud o de incorporación tardía al sistema educativo. Se trata, en definitiva, de perseguir una educación para una sociedad plural; de establecer una escuela para todos, donde lo que de verdad debe importar es la valoración de lo que la persona puede hacer, pasando del “no llega a” al “será capaz de”, fomentando una visión más positiva sobre el ser humano.

Los retos a los que se enfrenta la atención a la diversidad pasan, necesariamente, por la mejora cuantitativa y cualitativa de los servicios; por la delimitación clara de competencias entre los profesionales involucrados; por una adecuada coordinación y organización entre las instancias implicadas; por la potenciación de la función preventiva de la orientación; así como por la puesta en práctica de todas las medidas de atención a la diversidad establecidas.

No obstante, el logro de la normalización no se puede agotar en la propuesta educativa del sistema escolar, sino que se debe materializar más allá, es decir, cuando se consiga la máxima integración social y laboral, y el pleno desenvolvimiento del rol de adulto, teniendo en cuenta que la transición a la vida adulta constituye un proceso especialmente costoso, y a veces inalcanzable, para las personas con discapacidad. Es preciso abrir nuevos horizontes para su inserción en el mundo del trabajo.

Así, y a medida que la normalización sea un principio cada vez más integrado por los profesionales y por toda la sociedad, las personas con discapacidad gozarán de mayores beneficios y oportunidades formativas, laborales y de convivencia. El futuro puede ser prometedor si en este proceso de atención a la diversidad hay cabida para mejorar, corregir rumbos e introducir modificaciones, teniendo muy presente que sólo con el apoyo de todos se conseguirá la efectiva inclusión de las personas con discapacidad. Sirvan aquí de reflexión estas palabras recogidas en una resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos de las personas con discapacidad: “El trato que una sociedad dispensa a sus miembros más débiles permite hacerse una idea de cómo es esa sociedad”.