POR I. BLASCO/V. VILLAPLANA

FOTOS: EDUARDO MANZANA

VALENCIA. La gestión de la inmigración ha protagonizado la acción del Consell en las dos últimas semanas, mientras la crisis se extiende y alcanza a grandes capas de la población, en especial la de origen extranjero.

- En sólo unos días se ha firmado el Pacto Valenciano por la Inmigración y se ha aprobado la ley de Integración de las personas inmigrantes. A quienes consideren su conselleria un departamento menor, ¿qué les diría?

- Lo mismo que hace un año y medio. Las políticas de inmigración empiezan a ser claves en la agenda política de cualquier gobierno.

- Estas políticas siempre las ha abanderado la izquierda…

- Éste es un fenómeno tan novedoso que sería erróneo continuar pensando que su gestión corresponde a una ideología concreta. La iniciativa de Francisco Camps se adelantó a los tiempos y ahora empieza a ser seguida por otras autonomías.

- ¿Se refiere al PSOE?

- Me refiero a quienes se niegan a ver la realidad. Con más de 800.000 personas inmigrantes llegadas a nuestra Comunidad en menos de una década y una crisis económica alarmante, no te puedes poner una venda en los ojos.

- Sarkozy y Zapatero se han puesto de acuerdo ahora. ¿Hay menos diferencias entre derecha e izquierda que hace unos años?

- Más que ponerse de acuerdo, han sido la Unión Europea y los países de democracias avanzadas de Europa quienes han obligado a Zapatero a salir de su fracasada política sobre inmigración. Derecha e izquierda tienen que gestionar esta diversidad sobre bases democráticas sólidas, no sobre prejuicios ideológicos.

- ¿Y las comunidades autónomas hasta qué punto están comprometidas en las políticas de inmigración?

- Aquí se da la paradoja de que las competencias en extranjería son exclusivas del Gobierno y, sin embargo, son los gobiernos autónomos los que atienden la educación, la sanidad, las políticas sociales y la acogida. Hay quien abre la puerta y otros que tienen que acomodar las personas dentro de su casa.

- Usted fue el primer consejero que recibió el ministro Corbacho, quien le pidió colaboración. ¿Está desbordado el Gobierno?

- Es responsabilidad de todos trabajar conjuntamente. La Comunidad recibe a diario irregulares que el Gobierno traslada desde Ceuta, Melilla y Canarias. En lo que llevamos de año sobrepasan los 800 y todos han sido atendidos como corresponde. Eso sí, Zapatero debería cofinanciarlo, y no lo hace.

- La ley de Integración que acaban de aprobar las Cortes, ¿puede acabar con esas situaciones?

- El objetivo de la ley es la acogida y la integración. Nosotros no podemos abrir o cerrar las fronteras. Lo que sí podemos es ofrecer las herramientas necesarias para evitar la discriminación en los derechos y deberes.

- ¿Compromiso o contrato de integración?

- En esencia es lo mismo. Es un programa voluntario que garantiza que los inmigrantes conozcan los valores y reglas de convivencia democrática, y los idiomas oficiales. ¿Quién puede oponerse a algo así?

- El PSPV sin ir más lejos

- Es algo inexplicable. Votar en contra de una ley debatida y consensuada con más de cien asociaciones de inmigrantes, precedida del Pacto Valenciano de la Inmigración firmado con los agentes sociales con el Consell, sólo se le puede ocurrir al PSPV y a la «melée» en la que se encuentra. Una ley que sus compañeros del PSC han calcado en Cataluña y que asume los firmado por Zapatero en Europa, no parece lógico que el PSPV la rechace.

- Tampoco parece lógica la ausencia socialista en el pacto con Cierval, UGT y CC.OO.

- Ambos sindicatos han mostrado con esta firma una responsabilidad que muchos quisiéramos ver en el socialismo valenciano.

- En tiempos de crisis, ¿no hay riesgo de que una política muy proclive hacia los inmigrantes genere malestar entres españoles?

- Esa es una realidad contra la que todos tenemos que actuar. En la medida en que los inmigrantes tengan derechos y les exijamos deberes como a cualquier español, estaremos en la senda correcta. Nuestra obligación es mantener un clima de cohesión social.

- ¿Esa inacción del Gobierno en materia inmigratoria puede abocarnos a 17 leyes de integración?

- Eso tampoco sería deseable. Lo que no tiene explicación es que el Gobierno no haya adoptado hasta el momento una norma de estas características. En una comunidad autónoma como la nuestra, con un 17 por ciento de inmigrantes, sería una irresponsabilidad muy grave no plantear instrumentos de integración.

- ¿Cómo ve la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo?

- En este asunto, como en muchos otros, actúa con una gran frivolidad. El principal obstáculo para la salida de la crisis es la permanencia del propio Zapatero al frente del Gobierno. La crisis empezará a ver vías de solución cuando cambie la Moncloa y el PP ocupe las labores de gobierno.

- ¿El PP está hoy a la altura en la oposición?

- Yo quiero pensar que el PP está haciendo los trabajos de oposición en el camino de ser la alternativa a Zapatero. Hay que acelerar lo posible esas propuestas alternativas, ser más inflexibles de lo que estamos siendo hasta el momento en la labor de desenmascarar las frivolidades de Zapatero y Solbes.

- ¿Cuál es el papel de Francisco Camps en ese PP?

- El papel del presidente Camps en este momento es la serenidad de estar defendiendo los intereses en el ámbito de la Comunidad, de los valencianos, con un gran sentido de responsabilidad y creo que estas políticas que aquí han dado un excelente resultado.