Los vecinos más viejos del asentamiento chabolista de El Vacie, en la zona norte de Sevilla, han escuchado muchas promesas de mudanza. Primero, de algún ministro de Franco y del propio dictador, que les visitó a principios de los años sesenta; después, de prácticamente todas las autoridades autonómicas y locales, que siempre han asegurado tener claro que los habitantes del poblado merecían unas condiciones de vida más dignas, pero nunca han sabido cómo dárselas. La estrategia se ha mantenido invariable a lo largo de sus más de 75 años de historia: visita protocolaria, promesa de que los vecinos iban a cambiar sus chabolas por casas y, como mucho, la redacción de un plan para erradicar el asentamiento que, en todos los casos, se quedó sólo en eso: en un plan. La Junta y el Ayuntamiento de Sevilla se han propuesto que esta vez sea la definitiva. Como primer paso, ya hay muestras de que algo ha cambiado: no se prevé un acto público para presentar el convenio de colaboración que han acordado las dos administraciones.

La estrategia ahora es trabajar discretamente, sin hacer mucho ruido. El convenio ya pactado es la primera fase de un plan más ambicioso cuyo objetivo “no podía ser otro que la erradicación del asentamiento de El Vacie a través de la plena incorporación social de sus habitantes”, según recoge el texto. En esta etapa inicial, la Junta, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), invertirá 3,4 millones de euros para mejorar las condiciones del poblado, una actuación prevista en una orden dictada por la Consejería de Vivienda y Ordenación del territorio el pasado 18 de julio.

Este plan incluye, entre otros trabajos, la limpieza de los terrenos, la reparación de las casas prefabricadas y las chabolas más deterioradas y la instalación de tres módulos (uno para guardería y otros dos para trabajos de los técnicos municipales con los vecinos). Además, se colocarán grifos de agua potable, puntos de luz y un módulo con ducha y sanitarios por cada grupo familiar. La partida más cuantiosa (1,225 millones de euros) se destinará a acondicionar y cerrar el parque colindante con el asentamiento, cuyo terreno han ido comiéndose las chabolas.

“El objetivo es erradicar el asentamiento y que cada familia tenga su casa, pero sabemos que eso no podemos hacerlo en un año. Y, mientras tanto, nos parecía necesario mejorar sus condiciones allí para el tiempo que estén. Hay una parte de la inversión no efímera y otra para este periodo transitorio”, explica la delegada municipal de Bienestar Social, Ana Gómez (PSOE).

Los servicios municipales ya han empezado a limpiar el asentamiento y las máquinas están listas para acometer las actuaciones previstas. Los chabolistas conocen los planes de la administración y, según Gómez, están de acuerdo. “La mayoría quiere salir de allí. Sabemos que no va a ser fácil, pero el compromiso que tenemos es trabajar con cada familia para que cada una que salga tenga el 100% de garantía de éxito en su realojo”, apunta la delegada, que les visita con frecuencia para seguir los trabajos.

Según el último censo, en el asentamiento hay 225 familias. La población total con expediente de servicios sociales asciende a 830 personas, en su mayoría de etnia gitana. Sólo el 3% tiene más de 65 años, mientras que los menores de 18 constituyen el 44% de la población (365). Los propios habitantes se refieren a sus vecinos en función de procedencia: los españoles (de diferentes provincias andaluzas y del resto del país), los extremeños y los portugueses.

Aunque los planes del Ayuntamiento y la Junta los abarcan a todos, las administraciones asumen que el trabajo ha de ser personalizado para cada familia. “Sociológicamente hay más de un Vacie”, advierte la delegada de Bienestar Social. “El asentamiento tiene sus propias fronteras”. El diagnóstico de los técnicos municipales apunta que entre el 30 y el 40% de las familias pueden salir del asentamiento “con poquito trabajo y cierta rapidez”, señala Gómez. Otro 30% requiere un trabajo “más a fondo”. El 30% restante es el sector más conflictivo, algunos están envueltos en asuntos delictivos y no viven de forma permanente en el poblado.

Aunque la meta del realojo completo aún se ve lejos, el trabajo ha empezado. El Ayuntamiento ha triplicado el número de psicólogos, trabajadores y educadores sociales que trabajan en el asentamiento para preparar a las familias en aspectos sanitarios, educativos o de empleo, de los que va a depender en buena medida el triunfo del plan. “Tenemos que evitar que tengan la etiqueta de El Vacie en la frente y se les rechace nada más salir”, apunta Gómez, quien no olvida que, tras tomar posesión como delegada de Bienestar Social, hace ya dos años, escuchó más de una vez la misma advertencia: “Sevilla no es una ciudad fácil para el realojo”.

De momento, los técnicos municipales han baremado un centenar de solicitudes de vivienda. “Damos por hecho que la inmensa mayoría la quiere, pero les estamos obligando a pedirla formalmente. Eso nos permite acceder a los datos y a la familia para trabajar con ella porque, sobre todo, el acceso a la vivienda implica unos compromisos previos y posteriores”. Así se evita, además, que nuevas familias intenten instalarse en El Vacie cuando conozcan los planes de realojo.

La fórmula elegida es muy parecida a la que siguió el Ayuntamiento asturiano de Avilés para acabar con su principal núcleo de infravivienda: comprar las casas, firmar un contrato de alquiler con cada familia y, una vez que se produzca el realojo, no descuidar la atención social a los ex chabolistas. El proceso será lento y la idea es que las familias vayan abandonando El Vacie poco a poco, a medida que estén preparadas para dar el salto a su nueva vida. El compromiso entre las administraciones y los vecinos está sellado y las dos partes confían en que esta vez pueda llegar a buen término. Si no se rompe la premisa con la que nació: discreción. Las administraciones han aprendido la lección y no quieren publicidad ni más visitas protocolarias al asentamiento. “Ellos necesitan confianza y estar seguros de que yo no voy allí a ponerme una medalla”, asume la delegada de Bienestar Social.