La viceconsejera de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, valoró ayer positivamente el “primer paso” del Ejecutivo central de firmar en quince días el convenio que permitirá trasladar a la península unos 500 menores inmigrantes acogidos en el Archipiélago, un protocolo dotado en los presupuestos del próximo año con 15 millones de euros.

Déniz incidió en que “la reivindicación del Gobierno canario es que la finalidad de este convenio es intentar que los menores una vez que llegan a Canarias y una vez que estén cubiertas las plazas de esta Comunidad Autónoma haya una derivación con normalidad y no sea una constante lucha del Gobierno de ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas”. En este sentido, reiteró la importancia de que haya un “proceso de normalidad y de derivación de menores” en busca de su integración una vez que llegan a España.

Déniz apostó por continuar las negociaciones con el Gobierno central en tanto que una de las propuestas que hizo en el Congreso el grupo de Coalición Canaria es “la modificación de la Ley de Extranjería”.

Tutela del Estado

Además de que insistió en la solicitud al Ejecutivo central de que la tutela de los menores inmigrantes “la asuma el Estado y que la guarda la tengan las comunidades autónomas”.

En opinión de Déniz, “continúa esa reivindicación sobre la mesa, pero el convenio es una paso importante para normalizar este tipo de relaciones y dejar que los centros en Canarias dejen de estar saturados”, tal y como añadió la viceconsejera, quien recordó que, en la actualidad hay más de 1.500 menores inmigrantes en las Islas y “es imposible dar una atención digna a estos menores y lograr su integración en la sociedad”, máxime, teniendo en cuenta el proyecto educativo del Ejecutivo canario.