El Gobierno canario convocará una reunión con todas las comunidades autónomas para que conozcan la situación de los menores inmigrantes que llegan en cayuco al Archipiélago, una vez que se firme el acuerdo con el Ejecutivo central para derivar a estos niños a la Península.

Así lo manifestó ayer la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Ejecutivo canario, Inés Rojas, tras conocer el anuncio que realizó ayer en el Congreso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien respondió a Ana Oramas que en quince días se firmará el convenio para trasladar a los menores a la Península.

En opinión de Rojas, “el mismo día” en que se firme el protocolo, ella llamará al resto de comunidades para cerrar en diciembre una fecha en la que puedan acudir a Canarias para ver “in situ” la realidad de los niños inmigrantes “y que puedan ser solidarias con mucho más conocimiento de causa”.

Inés Rojas agradeció a todas las autonomías su disposición “porque siempre han atendido la llamada de Canarias y, ahora lo harán con el respaldo del Estado, que dotará al convenio con quince millones de euros”.

La consejera destacó que este dinero permitirá mantener a 500 niños. Asimismo, explicó que la distribución se realizará “a la carta”, porque habrá algunas comunidades que quieran asumir la tutela de los menores y otras que quizás no.

Para Rojas, el citado convenio “es un paso importante y positivo” aunque “no es lo que habríamos deseado ni realmente lo que necesitamos”, pero valoró el hecho de que ambos gobiernos “estén sentados a la misma mesa y empiecen a llegar a acuerdos, porque eso significa que se avanza en la política en materia de menores y será mucho más estable”.

Tutela en la Península

Recordó que actualmente Canarias ha asumido la tutela de unos 200 niños que viven en otras comunidades, y subrayó que Zapatero ha reconocido “una reivindicación de siempre del Gobierno regional, y es que la legislación no contempla la situación de los niños africanos” en las Islas.

“Zapatero ha reconocido que se debe modificar y actualizar la legislación, lo que da una esperanza tremenda porque estos niños al llegar a la mayoría de edad se encuentran en una situación muy extraña, porque son ciudadanos indocumentados”.

En este sentido, el Gobierno canario ha defendido el que prevalezca el interés de los menores y se defiendan sus derechos, lo que ahora depende de que alguien interprete la ley a su favor.

En este ámbito el Gobierno de Canarias “tiene muchísimo que decir como impulsor y promotor” de que se modifique la legislación ya que “sabemos como nadie de esta situación y lo que se debe incorporar a la ley”, afirmó la consejera de Bienestar Social.