Los ministros de Interior del gobierno alemán y los estados federados se plantean suprimir la financiación estatal a los partidos de ultraderecha, con una enmienda en la Constitución que los excluya como perceptores de esos fondos.

Los titulares de Interior de los “Länder” y del Gobierno federal, Wolfgang Schäuble, han abordado la cuestión en Potsdam, visto el fracaso en 2003 de la iniciativa para ilegalizar al Partido Nacional Democrático (NPD), aglutinante de la ultraderecha y de tendencia neonazi.

La propuesta parte del ministro de Baja Sajonia, Uwe Schünemann, para quien se debe excluir de la ley de financiación de los partidos a las formaciones que “persigan fines contrarios al orden democrático” de la República Federal de Alemania (RFA).

Schünemann, de la Unión Cristianodemócrata Alemana (CDU) que lidera la canciller Angela Merkel, se propone elevar una enmienda al artículo 21 Constitución que incluya ese párrafo.

En virtud de esa fórmula, a la ultraderecha no se le transferirían los fondos previstos por la ley de financiación de partidos por los escaños conseguidos.

Se estima que la mitad de los ingresos del Partido Nacional Democrático corresponden a lo que percibe por los dos estados federados donde tiene representación parlamentaria Sajonia y Mecklenburgo Antepomerania, con doce y seis diputados, respectivamente. Una suma que se acerca a los 1,4 millones de euros anuales.
Anular el partido

Sin esa fuente de financiación, la actividad del partido quedaría prácticamente anulada, puesto que no dispondría de medios para sus acciones de propaganda o reclutamiento de militancia.

La propuesta de Schünemann fue calificada de “buena aportación” por su correligionario y ministro federal Schaüble, quien advirtió de que deberá revisarse convenientemente su constitucionalidad.

La formulación de Schünemann está avalada por la opinión del jurista constitucionalista Volker Epping, y se perfila como una alternativa más sólida a la posibilidad de impulsar una nueva propuesta de ilegalización del partido de ultraderecha.
Dos años de tira y afloja

En 2003, tras casi dos años de tira y afloja, fracasó la petición presentada ante el Tribunal Constitucional y refrendada tanto por el Gobierno federal como por el Parlamento.

Según la ley alemana, el Constitucional es el único órgano con potestad para prohibir un partido político y para ello debe considerar demostrado que éste atenta “agresivamente” contra el orden democrático.

En ese momento, el Constitucional rechazó la solicitud por cuestiones formales, puesto que estaba fundamentada en informes de los servicios secretos apuntalados principales en declaraciones de confidentes e infiltrados, a sueldo de Interior.

Los jueces consideraron que tales fuentes no eran fiables, puesto que no se podía determinar si no estaban actuando de agitadores los propios “agentes” pagados por los servicios secretos.