El Ayuntamiento de Gandia quiere erradicar los comportamientos racistas, xenófobos y sexistas. Para ello, está elaborando una nueva ordenanza municipal que sancionará las manifestaciones de este tipo que tengan lugar en la vía pública.

Aunque el texto no ha sido aprobado todavía de forma definitiva, desde el gobierno local han avanzado que este tipo de actitudes podrían castigarse con multas de entre 500 y 3.000 euros, dependiendo de la tipificación que finalmente se recoja en la ordenanza.

El objetivo de esta normativa, que se ha encargado de redactar el departamento de Servicios Básicos al Ciudadano y Medio Ambiente, es acabar con los comportamientos incívicos en la ciudad, según explicó ayer el concejal del área, Vicent Mascarell.

En estos momentos la ordenanza no es más que un borrador, aunque ya se ha presentado a los diferentes grupos políticos municipales.

En las próximas semanas se constituirá una comisión de trabajo integrada por representantes políticos y técnicos con la finalidad de elaborar el anteproyecto de la normativa.

Las previsiones del concejal Vicent Mascarell, es que antes de fin de año esté redactado el anteproyecto. “Esperamos que a principios de año podamos empezar el debate sobre la ordenanza, para que ésta entre en vigor en la primavera de 2009”, señaló el regidor socialista.

Esta normativa municipal tipificará, regulará y sancionará determinadas actitudes, como aquellas que atenten contra la dignidad de las personas con manifestaciones sexistas, xenófobas o racistas.

Pero también regulará otros aspectos, como la celebración de actos públicos, y multará los ataques que se produzcan contra el mobiliario urbano, así como la colocación de carteles en la vía pública y los grafitis.

Tampoco se librarán de las sanciones aquellos que consuman alcohol en la calle. Regulará la práctica de la mendicidad, la venta ambulante, e incluso controlará aspectos ambientales, como el mal uso de zonas verdes y la playa, la generación de ruidos excesivos que ocasionen contaminación acústica y la acumulación de residuos en zonas de la vía pública no habilitadas para tal efecto.

Aunque el régimen de sanciones todavía tiene que debatirse y concretarse, Mascarell avanzó ayer algunas de las multas que se podrían aplicar.

La más dura es la referente a las manifestaciones de carácter racista, xenófobo o sexista, pero hay otras, como las multas que se aplicarán a aquellos ciudadanos que cuelguen carteles en la vía pública en zonas no habilitadas para ello, pinten grafitis en la calle o coloquen publicidad ilegal. En estos casos, las sanciones oscilarán entre los 150 y los 1.500 euros.

Mascarell explicó el porqué de esta considerable diferencia: “No es lo mismo colocar un cartel en una farola que en la puerta del Palau Ducal, por tanto tienen que hacerse tipificaciones diferenciadas”.

El concejal del Servicios Básicos aseguró que se iniciará un debate con los vecinos a través de los representantes en las juntas de distrito para concretar estos y otros aspectos.


Aplicación de la ordenanza

En principio, serán los agentes de Policía Local los que apliquen las sanciones. No obstante, Mascarell indicó que se estudiará la posibilidad de contar con “mecanismos alternativos”, como disponer de un cuerpo de técnicos inspectores “con la facultad y potestad pertinente para vigilar el cumplimiento de la ordenanza en la vía pública”.

Desde el departamento de Servicios Básicos reconocen que la nueva normativa “puede ser impopular en algunos puntos, pero necesaria en cualquier caso”.

Además, recuerdan que todo lo que se invierta en materia de prevención “supondrá un ahorro para el Ayuntamiento”.

Ya en la anterior legislatura se planteó la redacción de una ordenanza similar, pero no se llegó a aplicar porque, antes de ponerla en marcha, se desarrollaron campañas de concienciación dirigidas a los ciudadanos. “Elaboramos esta ordenanza muy a nuestro pesar, pero la labor de concienciación ya se ha hecho y si una actitud no se sanciona, no acaba de desaparecer”, declaró Mascarell.

El concejal de Servicios Básicos insistió en que la ordenanza “todavía se encuentra en una etapa muy preliminar”, y manifestó el interés del gobierno municipal por contar con la opinión de los ciudadanos a la hora de arbitrar cada una de las sanciones previstas en la normativa.

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